OPINION DEL DIPUTADO JUAN JOSE BERGIA EN REFERENCIA AL DECRETO 2167/22 QUE ESTABLECE EL NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS

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El día lunes 19 del corriente mes recibimos en una Reunión Extraordinaria de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del Poder Legislativo a representantes del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos; Cámara Argentina de Productores de Extracto de Quebracho; la Federación Chaqueña de Asociaciones Rurales y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quienes fueron participes de la mesa técnica convocado por el Poder Ejecutivo a lo largo de dos años, compuesta por distintos organismos públicos y privados, llegando a un diseño unificado para actualizar el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), con la finalidad de llegar con la participación de todos los sectores involucrados a un marco normativo que necesita el Chaco para seguir produciendo con una mirada sustentable y sostenible en el tiempo.

Después de escuchar a los distintos sectores note con mucha preocupación cómo el arduo trabajo realizado por la mesa técnica fue dejado de lado por la Ministra de Ambiente de nuestra Provincia, teniendo en cuenta que dicho trabajo demandó mucho tiempo, muchas consultas, además de muchas convocatorias que se hicieron para poder contar con la opinión de la sociedad, en particular de las comunidades originarias, de las ONGs, de los profesionales expertos en la materia y del sector productivo, estos actores principales son los que se verán afectados por dicha regulación y son a la vez a los que más trabas se les fueron imponiendo.

Muestra clara de ello se vio en las irregularidades que existieron desde las convocatorias que se realizaban solo con 48 horas de antelación, los cambios repentinos que se hacían sobre las fechas y el itinerario de las reuniones, enterándose de estos cambios en el día, hasta la suspensión de las reuniones a último momento.

El Decreto Provincial 2157/22 plantea una reforma sustancial sobre la Ley Provincial 1762-R que fuera aprobada definiendo el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para nuestra provincia en base a los principios establecidos en la ley nacional 26.331.

Este instrumento legal presentado por el Poder Ejecutivo, de fecha 20 de septiembre del corriente año, contiene errores de técnica legislativa, apartándose de las categorías de conservación que la Ley 1762-R determina, en un todo de acuerdo con la norma nacional que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, sin ningún tipo de respaldo técnico, desconociendo totalmente el asesoramiento y el trabajo realizado por la mesa técnica en todos los meses de debates.

Los mapas que se expusieron como “propuesta oficial” se cambiaron en varias oportunidades. Luego de que los sectores participes llegaran a consensuar un mapa con la Ministra, aparece presentado un mapa totalmente diferente al trabajado por todos los sectores, nuevamente estos sectores comprometidos, quienes no solo han puesto su experiencia, conocimiento, esfuerzo a lo largo de estos dos años de arduo trabajo, se sienten afectados y defraudados en su buena fe, ante esta medida del estado inconsulta, que no respeta y desconoce el trabajo de los expertos en la materia. Y en definitiva va contra la participación efectiva, libre, previa e informada que requiere el Acuerdo de Escazú, ratificado por la República Argentina por Ley 27556, y el Convenio de la OIT 169.

El día 22 de junio del corriente año, la mesa técnica elevó el MAPA acordado con la metodología de análisis y valoración de la Resol. 236/12 de Consejo Federal de Medio Ambiente al Ministerio de Ambiente mediante la actuación electrónica E5-2022-5243-Ae, según lo establecido en Resolución 230/12 de COFEMA.

Sin embargo, nuevamente se vieron defraudados, en la reunión llevada a cabo el día miércoles 31 de agosto, cuando la Ministra de Ambiente anunció el inicio del proceso de Talleres Participativos de Consulta del OTBN sobre la base de un mapa que no era el elaborado por los representantes de las instituciones de la Mesa Técnica (se presentaron en total de 4 mapas).

Con total sorpresa, en los mapas presentado por el Ministerio de Ambiente aparece una seudo-categoría denominada “naranja”, contrariando las categorías establecidas por la Ley Nacional 26.331 y Ley Provincial 1762-R. Es decir, no solo se está contradiciendo una norma provincial, sino también una norma nacional.  Este cambio de color de las zonas invade zonas rojas, es decir que mediante una apariencia ambientalista, se afecta áreas claves para la preservación de los bosques.

Además, se condiciona los permisos para aprovechamiento silvopastoriles y aprovechamiento forestal en esta zona denominada “naranja” a Estudios de Impacto Ambiental, siendo que la mayoría de estos predios son de pequeños productores y comunidades originarias. Regular de esta manera implica claramente una intención de prohibir, transformando en impracticable.

Haciendo una comparación con la ley 1762-R en su artículo 6 disponía que un campo agrícola, que pretenda desarrollarse podía incorporar al ciclo agrícola el 70% de su inmueble, dejando el 30% de bosques como clausuras. En tanto que con el Decreto 2157/22, solo podrá expandirse en un 50%, y la zona del oeste con mayor potencial agrícola, a penas en un 40%.

Asimismo, un campo ganadero, que quiera incrementar su productividad, logrando más pasturas, podrá solicitar en la zona “naranja” un silvopastoril sobre el 20% del predio, y no del 50%, como está previsto en la Ley 1762-R, además, que para solicitarlo deberá someterse a un trámite interminable y burocrático ante el Ministerio de Ambiente Provincial.

Debemos recordar que hace tres años que nuestra provincia no puede autorizar un permiso de cambio de suelo, en parte por la negativa del Ministerio de Ambiente de la Provincia en autorizarlos y, por otro lado, por reiteradas medidas cautelares judiciales de la Cámara Contenciosa Administrativa solicitada por una ONG Ambientalista de Bs As,. Imposibilitando con estas regulaciones que no se otorgue más un cambio de uso de suelo, al establecer un procedimiento sumamente burocrático.

El decreto 2157/22 pretende ser una norma ambientalista, y no lo es. Solo logra confundir a la sociedad, pretendiendo con sus regulaciones, que las autorizaciones sean casi imposibles de lograr. Se llegó a este resultado por apartarse de las recomendaciones de la mesa técnica que el propio Gobierno convocó a través de Decreto 1442/20.

Además, el Decreto 2157/22 por un lado establece una definición amplia de bosques nativos, considerando a cualquier formación vegetal como bosque, implicando esto que el productor deberá solicitar un permiso de cambio de uso de suelo ante cualquier especie vegetal o invasora (art. 2), y por otro, en la misma norma, en el art. 16 se contradice liberando los permisos de especies invasora con una simple “declaración jurada”.

El futuro de Nuestra Provincia se encuentra en nuestras manos, debemos trazar un camino para los pequeños inversores, para las comunidades originarias, aquellos que hacen leña, carbón en menor escala, es decir para el Chaco productivo y que genera empleo. Es triste pensar que estas medidas solo traen zozobra e incertidumbre a un Chaco ya castigado, estamos obligados a preguntarnos, si una norma inconsulta, que desconoce la realidad de nuestro Chaco y que genera incertidumbre e inseguridad jurídica, puede atraer inversores que nos posibiliten el crecimiento que nuestros chaqueños y chaqueñas necesitan.

Es por ello que se debe rechazar el Decreto 2157/22. Se debe reformular el decreto, como proyecto de Ley.  Luego realizar la convocación a la mesa técnica que proponga un Mapa y un instrumento de regulación de acuerdo a conocimientos y consensos técnicos. Convocar a una audiencia pública debidamente publicada. Tratarlo en el recinto legislativo, y en el caso que corresponda, modificar los términos de la Ley 1762-R.

Un decreto no modifica leyes, desde mi espacio político NE-PAR, integrante del Frente de Todos, quiero un Chaco productivo y sustentable para que cada chaqueño y chaqueña pueda vivir mejor.