Un fallo judicial dictado en Argentina marcó un punto de inflexión en la lucha contra la piratería audiovisual y abrió un nuevo escenario para la región. La causa conocida como «Caso Magis TV» ya no se limita al bloqueo de sitios web o a la baja de enlaces ilegales: por primera vez, la Justicia ordenó acciones directas sobre el ecosistema Android, instruyendo a Google a desactivar o inhabilitar la aplicación en dispositivos que operen con IP argentina.

El eje ya no está solo en el contenido que circula en internet, sino en el software que se instala en celulares, televisores inteligentes y TV Boxes , una de las principales vías de acceso a señales y contenidos sin autorización.

El expediente se encuentra en una etapa avanzada, con imputados procesados y una investigación que apunta directamente a la comercialización del servicio. Según el estado actual de la causa, no se descarta que el proceso se eleve a juicio oral durante 2026.

El origen de la pesquisa se conecta con un operativo de alcance regional impulsado en Brasil, conocido como Operación 404, un nombre que alude al clásico mensaje de error de internet. En ese marco, distintas entidades de la industria audiovisual denunciaron que Magis TV captaba y retransmitía señales sin autorización, con un modelo de ingresos basado en suscripciones pagas y venta de dispositivos preparados para el acceso ilegal.

La estrategia incluyó el bloqueo de cientos de sitios web y la inhabilitación de aplicaciones asociadas, con el objetivo de desarticular un circuito que se replica con rapidez a través de nuevas direcciones y plataformas.

En Argentina, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (UFEIC), conducida por el fiscal Alejandro Musso. El trabajo incluyó monitoreo digital, seguimiento de publicaciones en redes y reconstrucción de las rutas de comercialización de TV Boxes que se ofrecían con la aplicación ya instalada.

Como resultado, se registraron detenciones y procesamientos. Entre los nombres señalados figuran Leopoldo Peña, Kevin Bentancur y Hugo Mospan, acusados de distribución y venta del servicio. También se realizaron allanamientos en Buenos Aires y Misiones, donde se habrían secuestrado equipos listos para su comercialización, servidores, computadoras con software de retransmisión y documentación vinculada a movimientos de dinero.

El giro del fallo: de bloquear dominios a intervenir Android

El quiebre del caso se atribuye a una resolución del juez Esteban Rossignoli, titular del Juzgado de Garantías N.° 4 de San Isidro. Por un lado, el magistrado ordenó a los proveedores de internet restringir el acceso a decenas de dominios vinculados a Magis TV. Pero el punto más novedoso fue la instrucción dirigida a Google, a quien se le ordenó desinstalar o inhabilitar la aplicación en dispositivos Android con IP argentina.

Se trata de un antecedente inusual en el país, ya que implica que una empresa tecnológica actúe de manera directa sobre aplicaciones que ya se encuentran en los dispositivos de los usuarios, en el marco de una causa vinculada a derechos de autor y seguridad digital.

Desde el punto de vista legal, los acusados fueron encuadrados en la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, que prevé penas de prisión. En la causa se analizan además posibles agravantes, como la facilitación del acceso ilegal con fines de lucro y la existencia de una estructura organizada.

Especialistas subrayan que el foco no estaría puesto en el usuario final, sino en desarticular el negocio: la venta de dispositivos, el cobro de abonos y la logística necesaria para sostener la retransmisión ilegal de contenidos.

Un mensaje para el mercado digital

El caso Magis TV queda como una señal de época. La respuesta judicial ya no se limita a «bajar» páginas web, sino que apunta a la infraestructura tecnológica que mantiene activo el circuito de la piratería.

Si la causa se eleva a juicio en 2026, el fallo podría consolidar un nuevo estándar para investigar delitos de piratería digital en Argentina. Y, sobre todo, dejar un mensaje claro para el mercado: cuando el negocio se apoya en tecnología, distribución masiva y monetización organizada, la intervención judicial puede llegar también a las capas más cercanas al usuario, un terreno que hasta ahora casi no se tocaba.