Lucas Martín Simoni, quien se desempeña en la Fiscalía N°9 de Resistencia, fue acusado por su expareja de ejercer hostigamiento, violencia física y psicológica extrema, aprovechándose de su cargo para intimidarla.

Una mujer presentó una denuncia formal por violencia de género contra su expareja, un trabajador del Poder Judicial de la provincia de Chaco, relatando meses de amenazas y agresiones. Según la presentación judicial, el acusado fue identificado como Lucas Martín Simoni, de 34 años, quien cumple funciones como proveyente en la capital chaqueña.

La denunciante explicó que mantuvo una relación de un año y medio con Simoni y que decidió separarse debido a la «violencia psicológica y constante». De acuerdo con su testimonio, el acusado utilizaba su posición laboral para amedrentarla, asegurándole que «nadie le iba a creer» si realizaba una denuncia.

El relato de la víctima detalla un nivel de perversidad alarmante: Simoni le enviaba fotografías de víctimas de femicidios y expedientes judiciales vinculados a casos de violencia contra mujeres, acompañados de la frase: “Así vas a terminar vos”.

Además, la mujer sostuvo que el hombre mostraba imágenes de armas secuestradas, se burlaba de las víctimas y manifestaba que «odiaba a todas las mujeres y que merecían estar muertas». Al ser cuestionado por estos pensamientos, Simoni habría respondido que “para entender a los violentos él tenía que ser uno”.

La denuncia también incluye episodios de control extremo e intrusión a la privacidad.

En una ocasión, Simoni le habría torcido la muñeca para obligarla a desbloquear su celular y revisar sus mensajes. Incluso después de la ruptura, el hostigamiento continuó en su lugar de trabajo y espacios públicos, sumado a amenazas de difundir imágenes íntimas de la víctima.

Asimismo, la denunciante señaló que gran parte de estos hechos ocurrían en un contexto de consumo de alcohol y cocaína por parte del acusado.

La fiscal Noel Benítez, titular de la Fiscalía N°11 especializada en Género, confirmó que se inició una investigación por «amenazas» en contexto de violencia de género. Como medida de protección urgente, se ordenó una prohibición de acercamiento y la entrega de un botón antipánico para la mujer.

En el ámbito institucional, el Ministerio Público Fiscal de Chaco confirmó la apertura de un sumario administrativo interno contra Simoni y dispuso un abordaje de «consumo problemático» para el denunciado.

Este caso surge en un contexto crítico para la provincia, que históricamente presenta tasas elevadas de femicidios. Según informes recientes, durante el primer trimestre de 2026 se registraron 68 víctimas fatales por violencia de género en Argentina.

La sociedad chaqueña permanece sensible ante estos hechos, especialmente tras el emblemático femicidio de Cecilia Strzyzowski, cuya resolución judicial recientemente dictó prisión perpetua para los responsables.