Jue. Feb 26th, 2026

ACTIVISTAS DE GREENPEACE SE MANIFESTARON EN EL CONGRESO CONTRA LA LEY DE GLACIARES: «NO SE CAGUEN EN EL AGUA»

Los ecologistas saltaron la reja del Parlamento y montaron una provocativa instalación.

Activistas ambientales de Greenpeace fueron detenidos este jueves en el Congreso cuando realizaban un reclamo contra la Ley de Glaciares que se tratará desde las 11 de la mañana en el Senado.

En la acción que montaron sobre las escaleras del edificio antes de ser detenidos, los ambientalistas —vestidos de traje, corbata y camisa, emulando a los legisladores— se sentaron sobre inodoros que llevaban la frase “ley de glaciares” y exhibieron un cartel con el mensaje “Senadores, no se caguen en el agua”.

Desde la organización explicaron que se trató de una “acción de resistencia pacífica”cuyo objetivo fue “visibilizar la gravedad de la reforma a la ley de glaciares para la seguridad hídrica del país”.

La normativa vigente, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.

Cambios en la Ley de Glaciares

El oficialismo cuenta con los avales justos para avanzar con la reforma: suma 37 senadores solo si referentes del peronismo cordillerano acompañan la iniciativa. Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.

En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

El Gobierno apuesta a priorizar las actividades productivas (minera, hidrocarburífera) en Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, atraer y darles luz verde a proyectos mineros internacionales.

Para eso abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica. Algo que, según la ley vigente, está prohibido.

Si el proyecto se convierte en ley la relevancia hídrica pasarán a determinarla las provincias, a la que se les otorgaría mayor poder de decisión para analizar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos.

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