En la mañana de este jueves, el secretario general de Gobernación, Julio Ferro, resentó un proyecto de enmienda constitucional que busca garantizar que quienes inviertan en la provincia del Chaco no enfrenten subas de impuestos ni modificaciones en las reglas fiscales, con el objetivo de generar previsibilidad y atraer capital privado.

Luego de presentar el proyecto en la legislatura y en diálogo con medios locales, Ferro explicó que la propuesta responde a un compromiso asumido al inicio del período legislativo. «Estamos cumpliendo un compromiso anunciado por el gobernador cuando dio inicio a las sesiones ordinarias», afirmó, y señaló que la iniciativa busca enviar «un mensaje al mundo» sobre la estabilidad de las condiciones para invertir.

Según detalló, el eje del proyecto es asegurar que no haya cambios en la carga tributaria una vez concretadas las inversiones. «No se van a cambiar las reglas de juego, no se van a crear nuevos impuestos ni provinciales ni municipales», sostuvo. En esa línea, insistió con la convocatoria al sector privado: «Estamos diciendo vengan a invertir, vengan al Chaco».

En concreto, el proyecto contempla incorporar un nuevo artículo a la Constitución provincial. «Proponemos una enmienda constitucional, en la norma de mayor jerarquía de la provincia para decirles a todo aquel inversor que nadie les va a subir un impuesto», explicó Ferro. El nuevo artículo, identificado como 40 bis, se sumaría al artículo 40, que protege la propiedad privada.

De acuerdo con lo planteado, la reforma alcanzaría a empresas incluidas en regímenes de promoción industrial, tanto nacionales como provinciales, que se radiquen en el territorio chaqueño. En esos casos, el Estado se comprometería a no incrementar la carga impositiva. «Se le garantiza que por ley no se les puede subir ningún tipo de impuesto. Reglas claras y contundentes», remarcó el funcionario.

El proyecto también prevé que cualquier tributo que contradiga este principio resulte inválido y que los montos percibidos deban ser restituidos. Además, busca impedir que los municipios establezcan tasas que afecten a esas inversiones.

Ferro planteó que la medida apunta a consolidar un escenario de seguridad jurídica y previsibilidad. «Estamos convencidos de que es con el acompañamiento del sector privado, brindando reglas claras y que vengan a generar empleo, fuentes de trabajo, y que vengan a acompañar el desarrollo productivo de la provincia», expresó.