El juez federal Sebastián Casanello había dado por concluida una parte de la investigación en la que están procesados Belliboni y otros acusados y dio vista a las partes para que formulen su postura respecto al envío del caso a juicio oral.

Al respecto, el fiscal formuló este lunes su requerimiento de elevación a juicio y acusó a Belliboni y otras 17 personas de instaurar entre junio de 2020 y marzo de 2024 una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica y defraudaron al Estado con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos. El fiscal pidió que se profundice la investigación respecto de otras personas por las mismas conductas, y por asociación ilícita y lavado de dinero.

En todo momento Belliboni rechazó la causa y aseguró que todo se trata de “fraude”. Es más, afirmó que “armaron una campaña con un objetivo político, que es amedrentar a las organizaciones, amedrentar a la gente porque, por un lado, tenés la represión ante cada reclamo para que la gente no se organizara y se movilizara”.