LA CORTE BONAERENSE YA ANALIZA LA DENUNCIA CONTRA JUECES QUE ANULARON LA CAUSA DEL PUNTERO RIGAU
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La Suprema Corte de Justicia bonaerense investigará la actuación de los jueces que decidieron liberar a Julio «Chocolate» Rigau, el puntero del PJ que estuvo detenido por el uso indebido de 48 tarjetas de débito emitidas por la Legislatura. La denuncia presentada por tres dirigentes de la oposición contra los camaristas que firmaron la polémica resolución fue remitida a la oficina de Control Disciplinario del tribunal provincial.
Los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, miembros de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Plata, argumentaron que la detención de Rigau fue irregular debido a la supuesta falta de una orden judicial para su aprehensión. Basándose en esta fundamentación, se aceptó el habeas corpus presentado por la defensa de Rigau y se declaró la nulidad del acta, lo que llevó a su liberación y al desmoronamiento de la causa.
La fiscal Betina Lacki, quien estaba a cargo de la investigación, tenía la intención de seguir investigando el destino de los 27,5 millones de pesos mensuales que Rigau retiraba de los cajeros automáticos, pero su labor se vio interrumpida debido a la liberación del acusado.
Ante esta situación, el diputado Ricardo López Murphy, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, y la candidata a senadora nacional María Eugenia Talerico presentaron una denuncia por presunto mal desempeño contra los camaristas. Consideran «aberrante» el criterio utilizado por los jueces y sugieren un posible «contubernio con la política».
En el fuero penal platense, la decisión de liberar a Rigau ha generado conmoción entre los magistrados, quienes afirman que hubo «intensas gestiones» para frenar el expediente de la Legislatura. Se menciona la influencia del histórico operador del PJ, Raúl «Cabezón» Pérez, así como la posible participación del ministro de Justicia, Julio Alak, en la promoción de uno de los jueces.
La denuncia presentada por López Murphy y sus compañeros fue remitida a la oficina de Control Disciplinario de la Corte por el Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand. Los auditores deberán evaluar el expediente y los argumentos para determinar si se inicia un sumario administrativo y si se aplican sanciones a los jueces implicados.
Mientras tanto, el ámbito político se mantiene en silencio tras el escándalo de las tarjetas. Sin embargo, el partido La Libertad Avanza rompió su tibieza y emitió un comunicado expresando su preocupación por el caso de Rigau y pidiendo que la justicia investigue para llegar a quienes organizan estas maniobras corruptas.