ESTADOS UNIDOS DENUNCIÓ «GRAVE CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL» EN ARGENTINA Y «PROBLEMAS» DE INDEPENDENCIA JUDICIAL
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En un informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, Estados Unidos denunció este lunes «graves problemas con la independencia del poder judicial» y una «grave corrupción gubernamental» en la Argentina. Esto en el marco del informe llamado 2022 Human Rights Report, un sumario que evalúa anualmente la situación particular de los derechos humanos de cada país y remarca ciertas cuestiones particulares a las que prestar atención.
El secretario Antony Blinken explicó en una conferencia de prensa este lunes, este informe ha servido durante más de medio siglo como «un recurso vital para gobiernos, investigadores, grupos de defensa, periodistas y voces de conciencia en todo el mundo que trabajan para promover el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas por la injusticia».
«Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes fidedignos de: homicidios ilegítimos y arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales», advirtió el gobierno de Estados Unidos.
«Graves problemas con la independencia del poder judicial y la grave corrupción gubernamental», acusó el Departamento de Estado y añadió que «el Gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción».
Sobre la justicia, indicaron que «la ley prevé un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales. Según las ONG nacionales, los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales eran a veces objeto de manipulación política».
En cuanto a la corrupción mencionaron la «debilidad de las instituciones y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavan los intentos sistemáticos de frenar la corrupción».
«Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en US$ 160 millones», repasa el informe que se realizó hasta el periodo de septiembre, cuando aún la mandataria no había sido condenada.
En esa línea, agregan: «El 22 de agosto los fiscales federales resumieron el caso de corrupción en obras públicas y solicitaron que el tribunal de primera instancia condenara a Fernández de Kirchner y la sentenciara a 12 años de prisión e impusiera una prohibición de por vida para servir en cargos públicos. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cuatro casos de corrupción financiera».