EN LA ERA MILEI, EL PRESUPUESTO PARA LAS UNIVERSIDADES SE DERRUMBÓ 30% Y ES EL MÁS BAJO DESDE 2006
Los salarios de los docentes universitarios se derrumbó un 25% desde el inicio del gobierno de Javier Milei. La inversión del Estado por cada estudiante universitario es la más baja desde 2004.
A horas de la cuarta marcha federal universitaria desde el inicio de la avanzada ajustadora del gobierno de Javier Milei, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicó un sucinto informe sobre la incumplida Ley de Financiamiento Universitario en la que analiza los «límites democráticos y de derechos al argumento fiscal».
Allí, la ACIJ advierte que «las universidades nacionales atraviesan una reducción presupuestaria de magnitud excepcional desde el retorno de la democracia» y detalla que entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto en la partida ‘Desarrollo de la Educación Superior’ cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006. A ello se suma que el presupuesto vigente para 2026 profundiza esta tendencia.
«Esta caída se inscribe en un proceso más amplio de disminución del gasto público, pero adquiere una relevancia particular por su peso relativo», sigue el informe y advierte que «en relación con 2023 y de acuerdo con el presupuesto aprobado para 2026, la reducción en universidades explica el 4,4% del recorte total del gasto, el 8,4% del recorte en la finalidad Servicios Sociales y el 39% del recorte en la función Educación y Cultura a nivel nacional».
Dado que la mayor parte del financiamiento universitario se destina al pago de salarios docentes y no docentes, el deterioro presupuestario se refleja directamente en las remuneraciones. En marzo de 2026, el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva se ubicaba un 25% por debajo del nivel registrado tres años antes. Asimismo, desde el cambio de gobierno, el salario promedio del sector equivale a menos de dos tercios del promedio observado entre 2011 y noviembre de 2023.
«Este escenario resulta aún más crítico si se considera la expansión sostenida de la matrícula universitaria en las últimas dos décadas. En términos per cápita, el financiamiento por estudiante se redujo a $2,4 millones, el valor más bajo al menos desde 2004″, advierte el informe.
Asimismo analiza la ya remanida excusa del Gobierno, «no hay plata», para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario a pesar de la orden judicial. «Existen diversas estimaciones acerca del costo fiscal de la medida, que oscilan entre los 2,5 y los 3,6 billones de pesos. El Poder Ejecutivo -además de los argumentos jurídicos- manifestó su inquietud por el costo fiscal que supondría cumplir con la ley y el impacto que tendría en el equilibrio de las cuentas públicas. Pero cuando hay derechos fundamentales en juego -como en este caso, el derecho a la educación-, el Estado tiene serios problemas para invocar el argumento de la ‘restricción presupuestaria’ si dicha situación de escasez fue creada -en parte- por su propia voluntad anterior e inmediata».
Y sigue: «A la luz de este principio, deben analizarse decisiones recientes como la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales en 2024. Aprobada por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo, esta medida implicó una merma recaudatoria estimada en torno al 0,2% del PIB anual en 2024 y 2025, equivalente a valores actuales a 5 billones de pesos en dos años».
«La situación de la Ley de Financiamiento Universitario puede abordarse desde una triple dimensión: la garantía de derechos, la legitimidad democrática y la sostenibilidad de los recursos», advierte el informe.
Sobre el primer punto, el juez de primera instancia, al conceder la medida cautelar, sostuvo -entre otras cosas- que el deterioro salarial de los docentes y no docentes constituye una afectación al derecho de enseñar y aprender consagrado en el art. 14 de la Constitución Nacional.
«Respecto al segundo punto, la voluntad del Congreso -órgano máximo de la soberanía popular- fue clara no una sino dos veces. Por lo tanto, todo intento de retardar la aplicación de una ley debe ser mirado con un alto nivel de sospecha», señala la ACIJ.
Y concluye: «Finalmente, el debate sobre el destino de los recursos debe tener lugar en un contexto donde el Estado hable con una voz coherente a sus ciudadanos. Esto significa, entre otras cosas, que los argumentos de escasez deben examinarse con sumo cuidado si esa situación fue creada -en parte- por acciones anteriores recientes del propio Poder Ejecutivo».