Mar. Feb 11th, 2025

DENUNCIA DE CRISTINA CONTRA ROSANA CAPUTO POR FINANCIAR A SUS VICTIMARIOS

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La denuncia de Cristina Kirchner contra Rossana Caputo por presunto financiamiento de atentado: un caso que no deja dormir a los justos

La expresidenta y ex vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, presentó formalmente una denuncia en la que su equipo legal reclama la indagatoria de Rossana Caputo –nexo clave en el financiamiento atribuido a la empresa Caputo Hermanos– por su presunto rol en el apoyo económico a Revolución Federal, la agrupación ultra violenta que, según la querella, estuvo detrás del fallido atentado contra ella el 1 de septiembre de 2022.
Los orígenes de la denuncia y la línea de tiempo de hechos
El escrito, suscrito por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, se fundamenta en declaraciones testimoniales de un empleado de Caputo Hermanos, de apellido Nudelman, quien reveló que, durante la contratación para el proyecto Espacio Añelo en Neuquén, fue removido de sus funciones habituales de control de órdenes de pago para que, de forma “inhabitual”, la tarea fuera asignada a Rossana Caputo. Según Nudelman, la contratación de la carpintería de Jonathan Morel –quien según la denuncia se habría formado a través de tutoriales en YouTube y carecía de experiencia en trabajos de gran envergadura– fue utilizada como pantalla para canalizar fondos que, en realidad, financiaron las actividades de Revolución Federal. La querella señala que los desembolsos comenzaron en mayo de 2022, mes en el que apareció la cuenta de la agrupación en Facebook, y culminaron con el atentado fallido contra CFK; en concreto, se destaca que un día antes de la primera manifestación violenta se facturaron montos que superaban los 2,4 millones de pesos a través del fideicomiso Espacio Añelo, administrado por Caputo Hermanos.
Reclamo y denuncias ante tiempos de inacción
A pesar de que estos hechos y la evidencia testimonial fueron presentados hace ya casi dos años, la indagatoria de Rossana Caputo –junto con las solicitudes para citar posteriormente a Flavio y a Jimena Caputo– aún no ha obtenido una resolución definitiva. Los abogados de CFK sostienen que “las evidencias recolectadas hasta ahora son tan contundentes que el próximo paso debe ser la convocatoria a declaración indagatoria” para esclarecer de forma integral la operatoria financiera que, según la denuncia, financió un entramado de violencia política.
Este retraso en avanzar la investigación se suma a un reclamo recurrente en Argentina: la lentitud de los procesos judiciales. A la fecha, casi dos años han transcurrido desde el atentado fallido (1 de septiembre de 2022) y desde el primer reclamo formal de indagatoria, sin que el sistema judicial haya logrado esclarecer satisfactoriamente la cadena de pagos ni determinar responsabilidades claras. La denuncia de CFK no solo denuncia el presunto financiamiento irregular, sino que también se convierte en un reclamo a los tiempos de la justicia argentina, que muchos consideran excesivamente prolongados y poco eficaces para enfrentar casos de alta relevancia política y de seguridad nacional.
Un caso que sigue inquietando a la opinión pública
El hecho de que, a pesar de existir una sólida línea de tiempo –respaldada por testimonios, documentación y registros de transferencias que vinculan a los fideicomisos “Espacio Añelo” y “Santa Clara al Sur” con la contratación de Morel– la investigación siga sin resolverse genera una profunda preocupación en diversos sectores. Tanto en medios como en círculos políticos, se señala que este retraso no solo afecta la credibilidad del sistema judicial, sino que además contribuye a la sensación de impunidad para quienes, según la denuncia, han financiado actividades violentas con claras implicancias políticas.
Mientras Luis Caputo continúa en su cargo como ministro de Economía en el gobierno de Javier Milei, la denuncia de CFK contra Rossana Caputo y, por extensión, contra el entramado financiero vinculado a Revolución Federal, sigue siendo un tema candente que “no deja dormir a los justos”. La exigencia de una investigación expedita y eficaz cobra mayor relevancia en un contexto en el que la justicia se percibe como lenta y a menudo ineficiente ante hechos de gran trascendencia para la democracia y la seguridad nacional.

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