CAUSA CUADERNOS: DE VIDO RECUSÓ A LOS JUECES DEL TRIBUNAL
El exministro presentó un recurso, y los miembros del TOF7 decidieron una pausa para revisar el contenido del escrito.
En una nueva audiencia del juicio oral y público por la causa Cuadernos, Julio De Vido presentó una recusación contra los integrantes del Tribunal Oral Federal N°7, lo que derivó en un cuarto intermedio.
La noticia fue comunicada por el defensor del exministro de Planificación Federal, Gabriel Palmeiro, al inicio de la audiencia.
Por su parte, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli aseguraron que desconocían que se había interpuesto la medida, y resolvieron un receso para leer la presentación y tomar una definición.
La audiencia de este martes tenía previsto avanzar con las declaraciones de varios imputados, como empresarios y exfuncionarios que buscan desvincularse de las acusaciones de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La Causa Cuadernos se refiere a la causa judicial caratulada «Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita» iniciada en los primeros meses de 2018, a partir de ocho cuadernos con anotaciones que realizara Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, relativos a presuntos pagos de sobornos por parte de empresas ligadas a la construcción, principalmente de obras viales.
El caso involucra a figuras centrales de la política y del empresariado. En el banquillo aparecen Cristina Kirchner, José López, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros exfuncionarios. Del lado de los empresarios se destacan Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero y Alberto Taselli. También está imputado Oscar Centeno, el chofer cuyos cuadernos dieron origen a toda la investigación.
De acuerdo a la investigación, «el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivosy/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos».
Sobre la responsabilidad de la expresidenta, la fiscalía insistió que quedó reflejada en «las anotaciones de Oscar Bernardo Centeno y las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti, siendo quien ejerció la jefatura de la organización y la única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios».
Las primeras jornadas estuvieron dominadas por la lectura de declaraciones de imputados colaboradores como Claudio Uberti y Carlos Wagner. En su testimonio, Uberti sostuvo que «el día que murió Néstor Kirchner había más de US$60 millones en el departamento de Juncal», aunque aclaró que lo sabía por comentarios de terceros. Wagner, por su parte, detalló el presunto mecanismo de recaudación ilegal y afirmó que la obra pública «iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos».