La suspensión de la indagatoria marca un nuevo capítulo en esta compleja disputa judicial, que además de su relevancia personal, tiene implicancias políticas y sociales debido al rol público de los involucrados.

La acusación contra Alberto Fernández

En la causa, el fiscal Ramiro González -que también fue recusado sin éxito por el ex presidente– acusa a Fernández de los delitos de lesiones leves y graves agravadas por violencia de género y amenazas coactivas.

Alberto Fernández también cuestionó el allanamiento en su casa para secuestrarle su teléfono personal. “Vamos a dejar asentado que el allanamiento fue realizado sin motivo alguno en base a la información aportada por la misma querella”, se afirmó. La defensa apuntó también que “nada se ha hecho” sobre la cantidad de filtraciones sobre el curso de la causa y las declaraciones.

También fracasó su jugada para apartar a Ercolini en el expediente de los seguros. Fernández ya enfrentó su indagatoria en ese expediente, al iniciar una ronda de declaraciones a exfuncionarios y productores de seguros. Pero aún no se resolvió su situación procesal porque los acusados son mas de 30 y el juez Ercolini terminará toda la ronda, escuchará a todos y luego resolverá.

Allí la Cámara Federal resolvió el 19 de diciembre pasado rechazar su pedido para anular su indagatoria. Cuando el juez convocó a Fernández y otras personas a declarar en indagatoria, el magistrado hizo un detalle de los hechos, que para la defensa no alcanza como fundamento. El juez Martín Irurzun dijo que la ley no exige respecto de la citación a indagatoria ninguna fundamentación específica cuya omisión origine la nulidad. Y abundó en que el llamado a indagatoria no es apelable. Su colega Eduardo G. Farah dijo que coincidía con sus fundamentos y la solución propiciada. El juez Roberto J. Boico también entendió que el fallo de Ercolini debe ser avalado.

En el caso de violencia de género, a pedido del fiscal Ramiro González, Ercolini convocó a indagatoria a Fernández mediante un escrito en el que le adelantó la imputación: “En un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yáñez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024 (fecha en la cual la víctima instó la acción penal en el presente expediente y se impuso la consecuente prohibición de contacto al nombrado), el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada, y ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

“Tras ser electo para ejercer el cargo de Presidente de la Nación, la violencia física habría continuado y escalado, más precisamente después de haber quedado aquella embarazada (hacia fines de julio-principios de agosto del 2021), en forma de agarrones del cuello, zamarreos, cachetazos a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada, mientras convivieron en la Quinta de Olivos”, agregó.

La causa se inició cuando el juez Ercolini se encontró en los chats del teléfono de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández e imputada junto a él en la causa de los seguros. Allí Fabiola Yañez hablaba con Cantero sobre los golpes que habría recibido y le mostraba moretones en el brazo y la cara.