DENUNCIARON A MALENA GALMARINI Y AL EMPRESARIO MAURICIO FILIBERTI POR CONTRATOS MILLONARIOS
Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.
La Coalición Cívica (CC) presentó una denuncia penal contra Malena Galmarini, presidenta de AySA, y Mauricio Filiberti, propietario de Transclor SA, acusándolos de irregularidades en una contratación. La denuncia fue realizada por dirigentes del partido liderado por Elisa Carrió y se les imputan los delitos de fraude a la administración pública y violación de los deberes de funcionario.
La denuncia se presentó en los tribunales de Comodoro Py y quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos. Además de Galmarini y Filiberti, otros funcionarios de AySA, incluido el gremialista José Luis Lingeri, también están involucrados en la denuncia.
El contrato cuestionado fue ganado por Filiberti en una licitación donde se presentó como único oferente. Según la CC, el pliego de licitación fue elaborado a medida para la empresa de Filiberti, lo que resultó en pérdidas millonarias para el Estado. Además, se acusa a Galmarini de asegurarle a Filiberti el negocio por cuatro años más, durante el mandato del próximo presidente.
AySA afirma que la Justicia ya está investigando la licitación y que han proporcionado toda la información requerida por la jueza a cargo del caso. Según la empresa, la información entregada demuestra que no hubo irregularidades.
Además de la denuncia penal, los dirigentes de la CC presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante. Acusan a Transclor SA de incumplir la Ley de Defensa de la Competencia y solicitan sanciones y medidas procompetitivas.
La CC argumenta que Transclor fue el principal proveedor de AySA durante años y que se le ha otorgado una concesión parcial y manipulada, lo que le permite producir el insumo a un costo más bajo y venderlo a AySA a un precio excesivo.
Según la Coalición Cívica, estas presuntas irregularidades resultan en tarifas más altas para los usuarios y un perjuicio económico para los argentinos en general.
La denuncia presentada por la CC busca que se investiguen a fondo estas acusaciones de corrupción y se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia en los contratos públicos y la competencia justa en el mercado.