La Justicia del Chaco avanza en la investigación por la viralización de amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos de Resistencia y otras localidades de la provincia. Hasta el momento, hay al menos tres causas abiertas y varios hechos bajo análisis en distintas jurisdicciones.

El ayudante fiscal Cristian Barreto, del equipo fiscal N° 3, confirmó que la mayoría de los involucrados son menores de edad, en su mayoría estudiantes secundarios y algunos de nivel primario. En ese marco, explicó que todas las medidas se adoptan en coordinación con organismos de niñez y con el juzgado de menores en turno.

«Estamos hablando de personas menores de edad, por lo tanto cualquier medida se toma de acuerdo a su edad y bajo el régimen legal vigente», señaló. En ese sentido, recordó que la responsabilidad penal es individual y no puede trasladarse a los padres, a diferencia de lo que ocurre en el fuero civil.

La investigación incluye tanto amenazas difundidas a través de redes sociales como otros hechos que podrían encuadrarse como intimidación pública. Para avanzar en las pesquisas, se solicitan informes a plataformas como WhatsApp o Instagram y se analizan dispositivos electrónicos. De hecho, ya se incautó al menos un teléfono celular como parte de las medidas de prueba.

Desde el Poder Judicial del Chaco informaron que los adolescentes identificados fueron imputados por el delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal, que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión. No obstante, no se descartan otras calificaciones a medida que avance la investigación.

Además, el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Penal N° 3, a cargo del juez Juan Pablo Lupari, autorizó a la Policía a trasladar a los menores a comisarías para su identificación y la formación de expedientes judiciales. Posteriormente, tanto los adolescentes como sus padres serán citados para continuar con las actuaciones.

Las autoridades remarcaron que no se difundirán los nombres de las instituciones educativas involucradas para preservar la investigación y evitar mayor alarma social. También pidieron a la comunidad no compartir mensajes o audios no verificados.

En paralelo, la Policía trabaja en un protocolo de actuación ante este tipo de situaciones, mientras se refuerzan medidas de seguridad en escuelas de la capital y otras localidades como Presidencia Roque Sáenz Peña, General San Martín y Charata.

Finalmente, desde la Justicia hicieron un llamado a las familias para reforzar el acompañamiento y control en el uso de redes sociales por parte de los menores. «La prevención empieza en casa, con diálogo, límites claros y seguimiento«, indicaron.