Este martes comienza en Río Gallegos el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, con cuatro exjefes de la Armada acusados por la muerte de los 44 tripulantes.

El proceso se desarrollará en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz y tendrá como imputados a Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, quienes ocupaban cargos jerárquicos al momento de la tragedia. Les atribuyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado.

Las audiencias serán virtuales y las familias seguirán el debate desde distintos puntos del país. Esta semana se iniciará la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal federal Luis Alberto Colla, junto a María Andrea Garmendia Orueta, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Luego declararán los acusados.

El tribunal, con asiento en Río Gallegos, está integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez. Según la estimación oficial, el veredicto podría conocerse a mediados de julio.

Dos querellas, miradas distintas

Los familiares se presentan en el juicio divididos en dos querellas. Una está representada por la abogada Valeria Carreras; la otra, por Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los submarinistas fallecidos.

Mientras un grupo confía en que el debate permitirá establecer responsabilidades y aportar una instancia de reparación judicial, el otro sostiene que aún no se probó de manera concluyente la causa del hundimiento y cuestiona que el proceso se realice en Río Gallegos, y no en Mar del Plata. También advierte sobre el riesgo de eventuales absoluciones en instancias superiores.

La secuencia técnica bajo la lupa

El ARA San Juan partió de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 rumbo a Ushuaia. El 8 de noviembre inició su regreso para patrullar el mar argentino. Días después, reportó ingreso de agua por los conductos de ventilación, que alcanzó el tanque de baterías número tres y generó un cortocircuito seguido de un principio de incendio.

El 15 de noviembre se registró una pérdida repentina de plano, es decir, un descenso descontrolado. La hipótesis fiscal sostiene que la nave se hundió hasta una profundidad superior a los 600 metros, donde la presión provocó la implosión del casco.

Los peritajes incorporados a la causa describen una cadena de eventos: el agua salada sobre las baterías generó una reacción química que liberó hidrógeno, gas altamente explosivo. Tras varias horas de acumulación, se produjo una explosión interna que habría incapacitado a gran parte de la tripulación, impidiendo maniobras de emergencia.

La investigación también reveló que el submarino presentaba deficiencias operativas. Desde su reparación integral, distintos comandantes informaron fallas persistentes. Al momento de zarpar, acumulaba 26 meses de demora para ingresar a dique seco, procedimiento obligatorio para inspección y mantenimiento integral. Esa situación derivó en restricciones de navegación: tenía prohibido descender por debajo de los 100 metros.

Para la acusación, pese a esas alertas, las autoridades no ordenaron reparaciones urgentes ni suspendieron la misión.

Las responsabilidades en discusión

El fiscal Colla atribuye a cada imputado omisiones concretas vinculadas a su función.

López Mazzeo, entonces titular del Comando de Adiestramiento, integraba la conducción superior de la fuerza. Según la acusación, no supervisó adecuadamente las normativas de seguridad vinculadas al submarino.

Villamide, como comandante de la Fuerza de Submarinos, conocía el vencimiento de garantías y había recibido pedidos para enviar la nave a reparaciones.

Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y reemplazante natural de Villamide, firmó la orden operativa que dispuso la navegación hacia el sur. La Fiscalía sostiene que estaba al tanto de las limitaciones de inmersión y de los antecedentes técnicos.

Correa, director operativo de comunicaciones, intervino en la planificación del ejercicio naval y, según la imputación, no garantizó un sistema de enlace eficaz entre el submarino y tierra.