SANTIAGO DEL ESTERO: DESMONTE, AGREDEN A CAMPESINOS DE SANTIAGO DEL ESTERO
POR MARCELO JAVIER VERDUN
La empresa de gaseosas Manaos pretende hacerse de tierras para sembrar soja en donde habitan comunidades originarias, hace unos días una patota armada les quemó viviendas, destruyó corrales y tiró veneno al único pozo con agua que tienen estas familias.
El Estado provincial se desentiende de la situación. Difundí este atropello al que son sometidos pueblos que viven allí desde siempre. En la misma semana en el que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación lanzó un Programa para ayudar a las comunidades de pueblos originarios y campesinos que viven en bosques y montes nativos, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina denunció que una patota que respondería a empresarios agropecuarios ligados a la compañía de gaseosas Manaos agredió a familias de la comunidad Yaku Cachi, incendiando viviendas y esparciendo veneno el único pozo de agua que tienen.
Las tierras en donde viven comunidades campesinas originarias y criollas son deseadas por empresarios sojeros para hacer allí sus cultivos, previo desmonte. Santiago del Estero, Chaco y Salta son las provincias en las que se instruyó el plan para ayudar a estas familias para que continúen con su estilo de vida y producción. Pero la realidad dicta otra cosa, lejos de los escritorios en donde se piensan y firman estos programas, la prepotencia y las armas se mueven con total impunidad. La empresa de gaseosas Manaos está detrás de una maniobra ilegal con la que pretende hacerse de tierras para desmontar y sembrar soja.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC), mediante un comunicado denunció que «después de amenazar de muerte a las familias y mientras un grupo tenía apuntando a los niños y mujeres de la comunidad, otro grupo prendió fuego a dos viviendas, a los corrales, destruyó bebederos y largaron veneno y escombros al único pozo de agua potable de la comunidad. (…) Orlando Canido, de la empresa Manaos, en su intento de robarle la tierra a los campesinos, no solo perjudicó económicamente a las familias de la comunidad de Iaku Cachi, destrozando corrales de chanchos, cabritos, los bebederos, tirando más de 8 metros de escombros y echarle veneno en el único pozo de agua, prenderle fuego a las casas de las familias del lugar, romper alambres, amenazar a punta de pistolas a las niñas y niños, sino que también ha desmontando ilegalmente, ha fumigado sobre los pobladores, ha comprado a funcionarios locales, quienes son cómplices de estos ataques de las familias que defienden sus derechos».
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace se hizo eco de este hecho que revista una enorme gravedad ya que tiene como fin el desalojo por la fuerza de comunidades ancestrales, expresó: «A pesar de las reiteradas advertencias y reclamos de organizaciones campesinas y sociales, crece cada vez más la violencia por parte de empresarios agropecuarios hacia las comunidades campesinas e indígenas en Santiago del Estero. El objetivo es arrasar con los bosques y su gente. El gobierno no puede desentenderse de esta situación, provocada en gran medida por la sistemática violación de la Ley de Bosques»
El orígen del problema tiene que ver con el destrato y desconocimiento de la propiedad de estas tierras que tiene el estado provinicial, ya que la Dirección de Bosques de la provincia de Santiago del Estero autorizó el 29 de Octubre de 2014 un Plan Productivo a la empresa Gran Hondonada S.A. afectando 3.692 hectáreas. El método de otorgar estos permisos es corrupto: no se pregunta qué plan productivo tiene pensando hacer la empresa, cuando es sabido que se usará para sembrar soja. El problema surge que esta área es territorio de la Comunidad Originaria Yaku Cachi, quienes desde entonces vienen denuncian el desmonte de estas tierras.
El desamparo en el que se encuentran estas familias es total, sin contención estatal que les brinde una mínima seguridad, deben pasar sus días sin saber bien cuándo serán nuevamente humillados y ultrajados. El mes pasado Greenpeace le envió una carta a la Gobernadora de la provincia Claudia Abdala de Zamora en donde le comunicaban «la profunda preocupación por un nuevo aumento de la violencia de empresarios agropecuarios hacia las familias campesinas en Santiago del Estero; asociada en la mayoría de los casos con el avance de los desmontes en los territorios que tradicionalmente habitan, muchos de los cuales se realizan con autorizaciones otorgadas por el gobierno provincial. (…) Permitir la deforestación en territorios campesinos e indígenas vulnera en forma flagrante las leyes vigentes e ignora las demandas de la sociedad. En ese sentido, el artículo 19 de la Ley Nacional de Bosques (26.331) dicta que «todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras»
Tanto campesinos como la ONG Greenpeace piden audiencias públicas previas a otorgar permisos de producción en tierras que deben ser protegidas y conservadas. La realidad muestra la cruda condición en la que deben vivir las familias que eligen continuar con su estilo de vida en las tierras que desde siempre habitan, y tanto cuidan.