Sáb. Oct 5th, 2024

PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO EN EL PRECIO DE LA GARRAFA DE GAS: IMPACTO EN EL BOLSILLO DE LOS TRABAJADORES

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JUAN JOSÉ CASTELLI, CHACO– La crisis económica se agrava con la liberación en el precio de las garrafas de gas, generando una profunda preocupación entre los habitantes de la región. Mientras el operativo municipal, que coordina la distribución del gas, sugiere que el precio de la garrafa de 10 kilogramos rondaría los 10 mil pesos, la realidad en los comercios locales pinta un panorama mucho más sombrío.

Según fuentes extraoficiales, la (CoSAP) estima que el costo de una garrafa de 10 kilogramos podría alcanzar los 12 mil pesos. Sin embargo, la situación es aún más alarmante en los comercios y distribuidoras locales, donde el incremento ha sido significativo. Los precios de las garrafas en estas tiendas han subido un 50%, y actualmente se sitúan entre 15 mil y 17 mil pesos, dependiendo de la marca.

Este aumento en el precio de la garrafa de gas contrasta con la recomendación oficial de que el costo no debería superar los 8,500 pesos. La realidad en el mercado local es otra: no hay un solo comercio en la región que mantenga el precio dentro del monto sugerido, y todos los establecimientos lo superan ampliamente.

La situación es aún más grave para los habitantes de localidades situadas a 50 kilómetros o más de Juan José Castelli. En estas áreas, el precio del gas ha superado los 15 mil pesos desde hace más de un año, a pesar de los intentos fallidos de hacer cumplir los decretos que regulan los precios.

Este aumento desmedido en el costo de la garrafa de gas no solo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que también profundiza la crisis económica que ya enfrentan muchas familias. La disparidad entre el precio recomendado y el precio real en el mercado refleja una vez más cómo las medidas económicas terminan afectando a los más vulnerables.

En un contexto económico ya complicado, este nuevo incremento en el precio del gas representa un golpe adicional para quienes menos tienen, dejando en evidencia las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a bienes y servicios esenciales. La situación demanda una pronta intervención para garantizar que los precios se alineen con las normativas y se protejan los derechos de los consumidores.

 

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