POR PRIMERA VEZ, LA JUSTICIA PROVINCIAL RECONOCIÓ DERECHOS LABORALES A UNA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD.
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A.L. Arévalo trabajó 9 años cocinando y distribuyendo comida en una cárcel, cobrando solo $500 por mes.
Hoy, tras años de lucha, la Justicia le da la razón: el Estado deberá pagarle salarios, aguinaldos, vacaciones e intereses por todo ese tiempo.
La jueza María Belén Güemes dictó un fallo que sienta precedente y se apoya en tratados internacionales, la Constitución y las “Reglas Nelson Mandela” de la ONU.
El Estado deberá reconocerle años de aportes, emitir certificado de trabajo y pagar lo adeudado desde 2012.