La investigación contra Lidia Mabel Ojeda, acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales públicos del Chaco utilizando una matrícula ajena, sumó en las últimas horas una acusación de extrema gravedad. 

La Fiscalía de Investigación Penal N°3 de Sáenz Peña confirmó que la mujer será imputada por homicidio con dolo eventual, en una causa donde ya se analizan al menos tres muertes y otros episodios graves presuntamente relacionados con su accionar.

Ojeda, de 43 años, declaró este martes ante la Fiscalía luego de haber sido trasladada desde la provincia de Buenos Aires, donde permaneció prófuga hasta su detención. Según trascendió, la imputación incluye tres delitos en concurso real: usurpación de títulos y honores, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la acusación se sostiene sobre tres hechos ya denunciados formalmente. Sin embargo, el expediente podría ampliarse en las próximas horas porque la Justicia también analiza nuevas presentaciones relacionadas con otras dos muertes y la amputación de una pierna en situaciones donde Ojeda habría intervenido como profesional de la salud.

La causa se originó tras una denuncia realizada por Orlando Di Núbila, director de Zona Sanitaria II, quien detectó presuntas irregularidades durante guardias médicas en hospitales públicos de Quitilipi y Presidencia de la Plaza. De acuerdo con la investigación, la mujer habría desempeñado tareas médicas sin contar con título habilitante ni matrícula propia.

Los allanamientos realizados días atrás en Sáenz Peña permitieron secuestrar documentación médica, uniformes, insumos sanitarios y restos de papeles quemados con sellos oficiales del sistema de Salud Pública. Para los investigadores, esos elementos podrían estar vinculados con un intento de eliminar pruebas.

Además, la Justicia incorporó a la causa un teléfono celular secuestrado durante el operativo realizado en Buenos Aires. El aparato será sometido a peritajes para reconstruir comunicaciones, archivos y posibles registros vinculados a atenciones médicas realizadas por la acusada.

Uno de los aspectos más delicados de la investigación apunta a que Ojeda habría firmado certificados de defunción y atendido pacientes en centros de salud públicos pese a no estar habilitada legalmente para ejercer la medicina. Esa situación abrió fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control y supervisión dentro del sistema sanitario provincial.

Mientras avanza la investigación judicial, la mujer permanece detenida en la División Violencia Familiar y de Género de Sáenz Peña, a disposición de la Justicia.