Un comerciante con mercadería extranjera sin aval aduanero, policías federales involucrados en un presunto escándalo de coimas, y un largo trayecto para «obtener dinero» son los protagonistas del juicio contra la llamada «banda de los federales». El Ministerio Público Fiscal presentó ahora sus pedidos de penas en el juicio.

Durante su alegato, el fiscal federal Federico Carniel presentó una reconstrucción detallada del hecho ocurrido a principios de septiembre de 2022. Según la acusación, un comerciante fue interceptado por policías federales que supuestamente le exigieron un soborno, lo secuestraron y lo amenazaron.

En el banquillo de los acusados se encuentran el subinspector Federico Emanuel Vieyra, el inspector Héctor Adolfo Gay, el sargento Jorge Carlos Osika, el cabo José Pérez, el cabo David Rolando Villalba y la agente Clelia Noemí González Núñez, todos de la Policía Federal. El fiscal Carniel solicitó penas de entre 4 y 10 años para estos efectivos.

«Acá hubo una exigencia de parte de las fuerzas policiales para que entreguen una suma de dinero y la mercadería que llevaban, hubo intimidación porque el comentario de las víctimas era que en todo momento podían observar la culata de la pistola de la persona que iba manejando el Sandero y que en todo momento se sintieron intimidados, sobre todo con la presencia de un menor», señaló el representante del Ministerio Público Legal.

«Las víctimas estaban privadas ilegítimamente de su libertad», dijo el fiscal al señalar que la conducción del vehículo del denunciante la tomó uno de los uniformados, que le retuvieron sus teléfonos celulares, impidiéndolos de pedir ayuda, y con el agravante de la exhibición de arma de fuego.

Por todo esto, la fiscalía pidió las siguientes penas:

– Sargento Jorge Carlos Osika: pena única de 10 años de prisión y 6 de inhabilitación por concusión agravada, privación ilegítima de libertad, allanamiento ilegal, incumplimiento de los deberes de funcionario público

– Cabo David Rolando Villalba: pena única de 10 años de prisión y 6 de inhabilitación concusión agravada, privación ilegítima de libertad, allanamiento ilegal, incumplimiento de los deberes de funcionario público

– Subinspector Federico Emanuel Vieyra: pena única 6 años de prisión y 8 de inhabilitación por coautor del delito de concusión agravada, privación ilegítima de libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

– Inspector Héctor Adolfo Gay: pena única 8 años de prisión y 6 de inhabilitación por coautor del delito de concusión agravada, privación ilegítima de libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

– Cabo José Pérez: pena única 4 años de prisión y 6 de inhabilitación por coautor del delito de concusión agravada, privación ilegítima de libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

– Agente Clelia Noemí González Núñez: pena única 3 años de prisión y 6 de inhabilitación por coautor del delito de concusión agravada, privación ilegítima de libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

EL DÍA QUE DESATÓ EL ESCÁNDALO

Julio César Villamayor Colman, comerciante de Resistencia, denunció en septiembre de 2022 ante la Policía del Chaco que el 2 de septiembre fue interceptado en la Ruta 16, entre Quitilipi y Machagai, por un automóvil Volkswagen Gol oscuro, del cual bajó un hombre que se identificó como miembro de la Policía Federal Argentina y ordenó detenerse, lo que desató una supuesta coima escandalosa.

Al detenerse, según la denuncia, descendieron dos personas quienes le preguntaron qué llevaba en su vehículo, a lo que el comerciante respondió que tenía mercaderías sin aval aduanero. Minutos después llegó una camioneta Ford Ranger de la Policía Federal, cuyo chofer, un supuesto oficial, le exigió dinero a cambio de no confiscar la mercadería y su automóvil.

Posteriormente, Villamayor, quien durante el juicio fue acusado de «contrabandista» por uno de los abogados de los uniformados, señaló que fue forzado a entregar su equipo de sonido y lo trasladaron hasta Resistencia para buscar dinero, mientras su automóvil era conducido por uno de los policías. En el trayecto, el comerciante aseguró que fue amenazado con un arma de fuego al intentar resistirse. Al llegar a Resistencia, en la casa de su suegro, entregaron 400.000 pesos y mercadería similar a la previamente confiscada. Luego, los agentes se dirigieron a la vivienda de Villamayor, donde robaron un televisor.

Finalmente, tras cargar el televisor en el vehículo policial, Villamayor aprovechó la distracción para refugiarse en su casa y cerrar la puerta, tras lo cual los agentes se retiraron.