EL GOBIERNO REFORMÓ LA LEY DE INTELIGENCIA NACIONAL Y REDEFINIÓ LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA

Se crean nuevos organismos orientados a contrainteligencia y ciberinteligencia, se redefine el reparto de competencias y se elimina estructuras vigentes para recentrar el esquema en la protección frente a amenazas externas y riesgos digitales, con especial foco en infraestructuras críticas.

El Gobierno nacional oficializó una modificación de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 y dispuso cambios profundos en la arquitectura del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). La reforma fue instrumentada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 , publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La nueva normativa crea dos organismos centrales: la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) y la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC). La primera estará enfocada en la prevención, detección y neutralización de amenazas vinculadas a injerencias externas y acciones que comprometan la Seguridad Nacional. La segunda tendrá como eje el ámbito digital, con competencias en vigilancia, prevención y respuesta frente a incidentes en el ciberespacio.

El esquema también incorpora el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como autoridad específica en la materia. Su rol será coordinar políticas públicas, resguardar infraestructuras críticas y articular respuestas ante ataques que comprometan servicios estratégicos del Estado y del sector privado.

Con la nueva organización, la estructura del sistema de inteligencia se reorienta prioritariamente hacia tareas de contrainteligencia. En paralelo, se dispone la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), hasta ahora dependiente del Ministerio de Defensa, cuyas funciones serán redistribuidas bajo el nuevo diseño institucional.

El decreto detalla las nuevas competencias, alcances operativos y mecanismos de coordinación entre los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, con el objetivo de actualizar la normativa frente a escenarios de riesgo vinculados tanto a actores estatales como no estatales y al creciente peso del ciberespacio en la seguridad nacional.