Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020 que había declarado a los servicios TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como «servicios públicos esenciales y estratégicos», otorgando al ENACOM la facultad de regular sus tarifas.

Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios, algo que el organismo regulador justifica como necesario para «salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia». Algo que, ya pudo comprobar con las prepagas, no sucede en los mercados concentrados.

Resolución 13/2024: