EL GOBIERNO CONVOCARÁ A LAS UNIVERSIDADES PARA INICIAR NUEVAS NEGOCIACIONES PARA LA RECOMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO

En medio de un nuevo y masivo reclamo universitario por el brutal ajuste en el presupuesto educativo, el gobierno nacional insiste en deslegitimar la movilización advirtiendo que la misma se trata de una “marcha política”. Sin embargo, y pese a mantenerse estoicos frente al conflicto, en Casa Rosada confirmaron a este medio que referentes del oficialismo convocarán a una reunión a las organizaciones universitarias en los próximos días para re encauzar las conversaciones para intentar resolver la situación.

“Vamos a llamar al diálogo para encontrar un punto en común, siempre y cuando las universidades entiendan que nuestro norte es el equilibrio fiscal”, dijeron ante la consulta de C5N desde el oficialismo. El encuentro, que aún no tiene fecha pactada, estaría encabezado por el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, dependientes ambos del ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.

Días atrás, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dio lugar al recurso extraordinario federal interpuesto por el Poder Ejecutivo Nacional que pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia en la resolución del caso. La estrategia del oficialismo descansa en la posibilidad de estirar lo más posible la instancia en la que finalmente se deban hacer desembolsos de dinero con el que el gobierno dice no contar pese a un recorte significativo de los gastos estatales desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre del 2023.

En este marco, además, advirtieron que el oficialismo insistirá en tratar su propio proyecto de Financiamiento Universitario, que prevé sólo reconocer la pérdida presupuestaria del 2025, dejando sin recomposición al 2024 como prevé la ley sancionada meses atrás. Negados a dar el brazo a torcer con la política de orden fiscal, el oficialismo vetó meses atrás la que fue aprobada por mayoría en el Congreso, decisión que fue judicializada a través de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En este sentido, el proyecto presentado por el oficialismo el 18 de febrero pasado advierte una actualización del 4,1% del salario docente en tres tramos (marzo, julio y setiembre), tomando como base los sueldos vigentes al 31 de diciembre de 2025. En tanto, el texto prevé convocatoria a paritarias cada tres meses pero sin la obligatoriedad de ajustar los salarios según la inflación, dejando expuesto a docentes y no docentes desprotegidos frente al aumento de la canasta básica.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, claves para mantener activa las universidades y los servicios como los hospitales, el proyecto oficialista advierte un aumento en las partidas sólo si la inflación anual supera el 14,3%, índice fijado por el propio oficialismo en el texto del Presupuesto 2026. En contraposición, el oficialismo apunta a dar como gesto la recomposición presupuestaria para el funcionamiento del sistema de salud universitario, que se fijaría en $80.072.460.000. En la ley original, el ítem no estaba discriminado por lo que el Gobierno no estaba obligado a recomponerlo.

Antes de que el veto presidencial llegara la justicia, dentro del gobierno existió una fuerte disputa para intentar llegar a este punto. El sector del oficialismo ligado al asesor presidencial, Santiago Caputo, entendía que el gobierno debía tratar la ley de financiamiento durante el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, para evitar que el conflicto se extendiera en el tiempo y fuese aún más complicado juntar los votos para sancionar la nueva ley. En contraposición, la tribu karinista, sintetizada en los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, entendían que la discusión podía seguir esquivándose para darle aún más tiempo al gobierno para buscar otras soluciones por fuera de la legalidad. El resultado final ya es más que conocido.

Con la discusión universitaria ungiendo como nuevo ítem de disputa interna entre los campamentos del extinto Triángulo de Hierro, este martes la mesa política del oficialismo tendrá dentro de su temario la discusión por la nueva ley. “La idea es tratarla en las próximas semanas. Vamos a ir buscando los votos como hicimos con las otras leyes, pero primero tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros de cómo hacerlo”, deslizó a este medio un integrante del convite político que se reúne semanalmente en el despacho que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, ocupa en la planta baja de la Casa Rosada.