DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO QUIERE DEROGAR LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD CON EL PRESUPUESTO 2026

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció públicamente este martes que el Gobierno pretende derogar a través del Presupuesto 2026 la Ley de Emergencia en Discapacidad que tanto costó aprobar y sostener en el Congreso.

Desde la organización aseguraron que «de manera solapada y deliberada, el Gobierno Nacional incorporó en las modificaciones del Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y del financiamiento universitario», dos normas que Javier Milei vetó apenas fueron aprobadas por el Congreso, y que luego se sostuvieron gracias al apoyo en ambas Cámaras.

Con un Congreso adepto, el Gobierno pretenderá ahora dejar sin efecto ambas leyes claves para el funcionamiento de las universidades nacionales y los servicios médicos y terapeuticos para personas con discapacidad.

«Este cambio no formaba parte del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. El artículo 75, que deroga las leyes 27.793 y 27.795, fue agregado posteriormente en el dictamen, lo que constituye una maniobra grave que busca avanzar en la eliminación de derechos sin debate público ni transparencia institucional», señalaron desde el Foro en referencia al manejo del oficialismo en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

La maniobra en cuestión fue detectada sobre el mediodía, cuando La Libertad Avanza logró en tiempo récord un dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026, el primero en el mandato de Javier Milei. Los cambios se vieron después.

«En el artículo 76 se intenta, de manera parcial, dar una respuesta a los prestadores mediante el establecimiento de un aumento trimestral, a propuesta del Directorio del Sistema Único de Prestaciones. En caso de que dicho Directorio no se reúna en ese período, el aumento quedaría a cargo del Ministerio de Salud, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC)», hicieron notar desde el Foro.

«Sin embargo, si se deroga la Ley de Emergencia en Discapacidad, se perdería la compensación establecida para cubrir la diferencia entre el aumento de los aranceles y el IPC correspondiente al período diciembre de 2023 – diciembre de 2024. Además, quedaría sin efecto la medida que establecía el aumento de aranceles a partir de enero de 2025 y las actualizaciones mensuales según el IPC», explicaron.

Con el temor de que se apruebe el Presupuesto 2026 como está, desde la organización por los derechos de las personas con discapacidad advirtieron que sin la ley actual no se compensaría «el atraso arancelario generado por el actual gobierno, que a agosto de este año alcanzaba el 70%, profundizando la crisis del sistema de prestaciones».

También volverían a quedar en una situación vulnerable tanto el personal de los talleres protegidos como las personas con discapacidad en situación de pobreza.

«Se trata de un nuevo ataque a las personas con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones que garantizan derechos fundamentales, y de una clara falta de respeto al Congreso Nacional y a los mecanismos democráticos«, advirtieron los activistas, que lucharon junto a otras organizaciones por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

«Desde el Foro exigimos que las y los legisladores asuman la responsabilidad que les compete y eviten que el Presupuesto 2026 sea aprobado con una derogación encubierta de leyes vigentes», sentenciaron.