Lucas Stegagnini, secretario administrativo de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUs), brindó en radio La Red 92.9 MHz, un crudo panorama sobre la situación financiera de las casas de altos estudios. Advirtió que la pérdida del poder adquisitivo docente supera el 100% y que las ofertas del Gobierno nacional buscan desactivar el reclamo judicial por la Ley de Financiamiento.

En una reciente entrevista en radio La Red 92.9 Mhz, el secretario administrativo de la UNCAUs, Lucas Stegagnini, analizó el complejo escenario que atraviesan las universidades nacionales frente a la inflación y el ajuste presupuestario. Según el funcionario, el sector se encuentra en una etapa crítica donde la previsibilidad del sistema está en juego debido a la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario.

El abismo salarial: 280% de inflación vs. 180% de recomposición

Uno de los puntos más alarmantes señalados por Steganini es la brecha entre el aumento de precios y los salarios de docentes y no docentes. “Los trabajadores universitarios han perdido considerablemente; si tomamos como referencia de 2023 a 2026, hay una inflación acumulada del 280%, mientras que lo que se trató de mejorar desde el Gobierno no llegó al 180%“.

Ante este escenario, la oferta paritaria más reciente del Gobierno, que rondaría el 21,3%, es vista con escepticismo por las bases gremiales. Steganini calificó estas negociaciones como poco relevantes si no abordan el problema de fondo: la falta de aplicación de la ley que garantiza la actualización por inflación.

La “cláusula de desistimiento”: una encrucijada judicial

El secretario de UNCAUs reveló que las últimas ofertas gubernamentales han intentado incluir condiciones que las universidades rechazan de plano. Según explicó, en mesas de negociación previas se planteó como condición el “desistimiento de la Ley de Financiamiento”, es decir, que las universidades abandonen las acciones judiciales ante la Corte Suprema.

“El frente gremial y los representantes de la universidad rechazaron esto porque la ley no es solo un papel; es una norma aprobada por el Congreso y legitimada por la sociedad en las marchas nacionales”, afirmó Steganini. Actualmente, el conflicto se encuentra en una disputa de poderes, con el Ejecutivo apelando medidas cautelares y recusando jueces bajo el argumento de que, por ser profesores universitarios, no serían imparciales.

Auditorías y transparencia: “El mecanismo es ejemplificante”

Frente a las acusaciones oficiales sobre la falta de controles y supuestos “curros”, Steganini fue tajante al defender la transparencia institucional. Aseguró que las universidades cuentan con múltiples capas de control: auditorías internas, balances ante el Ministerio de Educación y la supervisión de la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano constitucionalmente facultado para tal fin.

Incluso destacó que la UNCAUs se puso voluntariamente a disposición de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para mayor transparencia. “Los mecanismos de auditoría desde las universidades son ejemplificantes para otros entes de la administración pública; está todo automatizado y subido a sistemas donde no se usa más papel”, subrayó, desmintiendo que existan falencias graves que justifiquen el desfinanciamiento.

El ahogo operativo y el riesgo de la privatización

Más allá de los salarios, el gasto de funcionamiento operativo —que incluye desde el pago de la energía eléctrica hasta el servicio de internet y agua— atraviesa una situación desesperante. Steganini explicó que el Gobierno ofreció un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, una cifra que calificó de “insignificante” frente a los tarifazos de luz que deben afrontar las instituciones.

“Lo que se está intentando es desfinanciar las universidades para que tengan menor acceso y facilitar el camino hacia la educación privada”, advirtió el secretario. Para Steganini, defender el presupuesto es defender el mandato constitucional de la educación pública y gratuita, que es lo que hoy permite el desarrollo y la movilidad social en Argentina.