En un hecho cargado de profundo significado humano, el pasado 12 de mayo, en Santo Tomé, la Justicia de Corrientes notificó en su propio domicilio a una adolescente de 16 años la sentencia que formalizó su adopción, garantizando de manera definitiva su derecho a vivir en familia.

La decisión de trasladar el acto de notificación hasta el hogar de la joven respondió a un criterio de cercanía, accesibilidad y tutela judicial efectiva, priorizando un entorno seguro y de confianza para comunicar una resolución trascendental en su vida.

La historia judicial comenzó en 2016, cuando se activaron mecanismos de protección tras conocerse situaciones de vulneración de derechos que afectaban a la adolescente y a su grupo de hermanos.

Desde entonces, el proceso estuvo guiado por el principio del interés superior del niño, con especial atención en preservar los vínculos fraternales y respetar la historia personal de cada integrante del grupo familiar.

A lo largo de estos años, se desplegaron múltiples intervenciones institucionales orientadas a garantizar protección integral, acompañamiento y una respuesta definitiva que priorizara el derecho de la adolescente a crecer en un ámbito familiar.

CONVOCATORIA PÚBLICA

Debido a su edad y a las particularidades del caso, la adolescente formó parte de una convocatoria pública de adopción, una herramienta destinada a ampliar las posibilidades de encontrar familias para niños, niñas y adolescentes que suelen enfrentar mayores dificultades para concretar un proyecto adoptivo.

Ese camino finalmente tuvo un desenlace positivo: la joven fue incorporada a una familia adoptiva dentro de su misma comunidad, favoreciendo así la continuidad de sus vínculos afectivos y su entorno de pertenencia.

La notificación fue realizada en lenguaje claro, asegurando que la adolescente pudiera comprender plenamente el alcance de la resolución y el nuevo escenario jurídico y afectivo que comenzaba.

Más allá del acto formal, la intervención reflejó una concepción de justicia cercana, sensible y centrada en las personas, especialmente cuando se trata de adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La sentencia no solo puso fin a un largo proceso judicial y de protección, sino que marcó el inicio de una nueva etapa de vida, con la garantía efectiva de un derecho fundamental: crecer y desarrollarse en familia.