CERCA DE 300 PERSONAS FUERON DETENIDAS EN INDONESIA POR TRÁFICO DE DROGA: HAY UNA ARGENTINA INVOLUCRADA
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El país asiático cuenta con leyes estrictas, donde los contrabandistas pueden ser condenados a pena de muerte. Se confiscaron más de media tonelada de narcóticos
Las autoridades de Indonesia detuvieron a 285 personas, entre ellas 29 mujeres y siete extranjeros, sospechadas de tráfico de drogas durante una investigación que se extendió por dos meses.
En el operativo, que incluyó acciones en 20 distritos entre abril y junio, se confiscaron más de 500 kilos de narcóticos y se desarticularon esquemas de lavado de dinero vinculados a dos organizaciones criminales. Además, fueron incautados bienes valuados en más de 26 mil millones de rupias, equivalentes a 1,5 millones de dólares.
El jefe de la Agencia Nacional Antinarcóticos, Marthinus Hukom, indicó que la mayoría de las mujeres arrestadas estaban casadas y no tenían empleo fuera del hogar. Un grupo de 36 detenidos, entre ellos 21 mujeres, fue presentado ante la prensa con las drogas incautadas, vestidos con uniformes naranjas de prisión y con las manos esposadas.
A comienzos de junio, las autoridades indonesias arrestaron a varios extranjeros, entre ellos un australiano, un indio y un estadounidense, bajo sospecha de posesión de narcóticos. Los agentes de aduanas del Aeropuerto Internacional Ngurah Rai de Bali arrestaron a un ciudadano indio con las iniciales HV, que portaba una bolsa de lona, en la zona de inspección de aduanas e impuestos especiales. Allí, los uniformados encontraron entre sus pertenencias diversos artículos relacionados con narcóticos.
Ese mismo día, oficiales de la Agencia Nacional de Narcóticos de la provincia de Bali detuvieron a un hombre australiano reconocido por las iniciales PR, que había estado visitando Bali desde 1988. PR le pidió a HV que trajera la bolsa de lona desde Los Ángeles a Bali, había afirmado I Made Sinar Subawa, un funcionario de la agencia de narcóticos, en una conferencia de prensa.
Otro caso resonante ocurrió a fines de marzo de este año, cuando las autoridades indonesias arrestaron a una ciudadana argentina y a un ciudadano británico bajo sospecha de contrabando de cocaína en la isla turística de Bali.
Una alerta de inteligencia permitió que agentes de la Agencia Nacional Antinarcóticos incautaran 324 gramos (0,7 libras) de cocaína a la mujer, poco después de su llegada al aeropuerto internacional Ngurah Rai de Bali desde Dubái, señaló Rudy Ahmad Sudrajat, jefe del organismo en Bali.
La sospechosa fue identificada únicamente por sus iniciales. Durante el interrogatorio, aseguró que le prometieron un pago de 3.000 dólares tras entregar la droga, que obtuvo en México, a un ciudadano británico, según Sudrajat.
Los agentes detuvieron ese mismo día al hombre, a quien consideraron el eslabón más bajo de la red de distribución, en una casa de huéspedes en el barrio de Kerobokan, distrito de Badung.
El jefe de la Agencia Nacional Antinarcóticos indicó que la red de narcotráfico apunta a viajeros extranjeros en zonas turísticas de Bali. “La investigación sigue en curso para desarticular la red internacional de cocaína en Bali y detener su distribución”, afirmó Sudrajat.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Indonesia es un importante punto de tránsito del narcotráfico, pese a contar con algunas de las leyes antidrogas más severas del mundo. En parte, porque las organizaciones criminales internacionales buscan captar a la población joven del país.
En el país del sudeste asiático, alrededor de 530 personas esperan la ejecución de su condena de muerte, principalmente por delitos relacionados con drogas, incluidos 96 extranjeros, según datos del Ministerio de Inmigración y Prisiones publicados el mes pasado.
De hecho, en julio de 2016 y a pesar de las protestas internacionales, dicho país ejecutó al ciudadano indonesio Freddy Budiman y a los nigerianos Seck Osmane, Michael Titus y Humphrey Jefferson, condenados por delitos relacionados con drogas. El hecho ocurrió en la isla prisión de Nusa Kambangan, donde se encontraban los reclusos condenados a muerte.
Familiares, organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros habían instado a Indonesia a perdonarles la vida, pero no estaba claro si esto influyó en la decisión de no ejecutarlas todas a la vez.
Abogados y organizaciones de derechos humanos habían planteado serias dudas sobre la legitimidad de la condena de Jefferson, quien llevaba más de una década en prisión, así como de las condenas de Merri Utami, una mujer indonesia, y Zulfikar Ali, un hombre pakistaní.
Ricky Gunawan, abogado del Instituto de Asistencia Legal Comunitaria que representó a Jefferson y a Utami, había afirmado que la impredecible gestión del proceso por parte del gobierno equivalía a tortura. Incluso denunció que no había podido hablar con Utami desde que se anunciaron las ejecuciones, ni tampoco su consejero espiritual.