ARGENTINA APELÓ EL FALLO CONTRA LA NACIONALIZACIÓN DE YPF EN ESTADOS UNIDOS

Argentina apeló ante la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York un fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska. En este caso, se trata de la orden de la jueza que le ordenaba entregar los mensajes oficiales y privados que hubieran mantenido, al menos, los últimos dos titulares del Ministerio de Economía, el actual ministro Luis Caputo y el de la anterior gestión, Sergio Massa.

Según el análisis del especialista Sebastián Maril, la estrategia de defensa argentina ante la Cámara de Apelaciones se estructura en cuatro ejes centrales que cuestionan tanto la jurisdicción como la aplicación de normativas locales estadounidenses.

Los cuatro pilares de la defensa argentina

La apelación argentina sostiene que la justicia estadounidense carece de autoridad para obligar a un país soberano a repatriar sus activos ubicados en el exterior. Este primer argumento busca establecer límites claros a la jurisdicción extraterritorial de los tribunales de Estados Unidos.

Loretta Preska, la jueza que lleva la causa por la estatización de YPF

En segundo lugar, la presentación cuestiona la interpretación que hizo la jueza Preska de la Ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) sobre el tratamiento de activos extranjeros. Los abogados argentinos argumentan que esta normativa fue aplicada erróneamente al caso.

El tercer pilar de la defensa invoca la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) como escudo protector para evitar que el país deba entregar las acciones de YPF. Esta legislación establece protecciones específicas para los bienes de estados extranjeros.

Finalmente, la apelación hace hincapié en las relaciones diplomáticas entre Argentina y Estados Unidos, advirtiendo sobre las consecuencias negativas que podría generar obligar al país a entregar sus activos estratégicos.

En un movimiento significativo, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae(amigo del tribunal) respaldando la posición de Argentina. Esta intervención oficial argumenta que la orden judicial de transferir acciones de YPF podría vulnerar los límites legales que establece la FSIA para la ejecución de bienes de estados extranjeros.

Según el documento presentado por Washington, este tipo de decisiones podrían tener «ramificaciones negativas» en las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de sus bienes ante cortes de otros países.

El riesgo del daño irreparable

El gobierno estadounidense también advirtió sobre un aspecto clave del proceso: si Argentina cumple la orden sin que la apelación esté resuelta, podría sufrir un «daño irreparable». Incluso en caso de conseguir posteriormente un fallo favorable, el país podría perder definitivamente la posibilidad de recuperar las acciones entregadas.

Cronograma esperado

Los especialistas estiman que la definición de este proceso de apelación podría concretarse durante el primer trimestre de 2026, lo que extendería por más de un año la resolución de este conflicto legal que se arrastra desde la nacionalización de YPF hace más de una década.