APIF CHACO “EL DESMONTE ILEGAL ES EL ENEMIGO PRINCIPAL DEL PRODUCTOR FORESTAL, CONVOCATORIA A TODOS LOS ORGANOS”
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El pasado 17 de mayo en presidencia Roque Sáenz Peña , en la casa del Campo se reunieron todas las Asociaciones forestal para analizar la nueva ley de OTBN de la cual firmaron un acta acuerdo y solicitan reglamentación urgente, una convocatoria a todas las partes, Se convoque por parte del poder ejecutivo provincial un «Consejo Provincial Forestal» que esté integrado por todas las asociaciones, los sindicatos, las autoridades del gobierno provincial y diputados provinciales.-
ACTA REUNION CASA DE CAMPO – PRODUCTORES FORESTALES
En la ciudad de P. R. Saenz Peña, a los 17 dias del mes de mayo en las instalaciones de «Casa de Campo», los dirigentes y representantes de las Asociaciones de Productores e Industriales Forestales del Chaco, se hacen presentes a los fines de analizar las cuestiones vinculadas al Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), la reciente sanción de la Ley 4005-R de aprobación de la actualización del OTBN y su correspondiente aplicación, como así también, la situación vinculada a la actividad forestal, uno de los sectores más importantes de la economía chaqueña, en especial en el interior provincial.
En primer lugar, consideramos importante destacar y remarcar que los productores forestales y los industriales forestales no son los responsables de los desmontes. El productor forestal es el que presta el servicio de aprovechar la madera y trasladarla hacia los centros industriales donde se encuentran los aserraderos que preparan la madera para su valor agregado, o las carbonerias o fabricas Tanineras, que elaboran sus distintos productos industrializados.
El desmonte ilegal es el enemigo principal del productor forestal. Las políticas públicas vinculadas a la conservación del bosque y la reforestación de especies nativas tiene que lograr que se desaliente el desmonte favoreciendo a la generación de madera.
La Ley 4005-R, aprobó la actualización del OTBN, consistente en la actualización del mapa de las categorías de conservación impuestas por la Ley 26.331 (rojo, amarillo y verde). Lo verdaderamente complejo, inicia a partir de este momento, su aplicación. En el que implica, entre otras cuestiones la obligación por parte de productores agrícolas y ganaderos solicitar los correspondientes permisos de cambio de uso de suelo; y la inflexibilidad del estado provincial en castigar a los responsables de los desmontes ilegales con multas severas y ejemplificadoras, y exigiendo además, por las vías administrativas y judiciales la restauración de los bosques afectados.
La política forestal, no solo es el desmonte y los permisos de cambio de uso de suelo, existen otras cuestiones de gran importancia que inciden en la conservación del bosque, como ser el agregado de valor que se ocupan los aserraderos, carpinterías, carboneros, entre otros, como así también, los trabajadores y los convenios de corresponsabilidad gremial. El tratamiento de todos estos temas debe ser de manera conjunta con todos los actores y de forma integral y transversal a los temas productivos, industriales, laborales y ambientales.
Es por esto, que en virtud del tratamiento de estos temas, las entidades aquí presentes manifiestan:
1) Se convoque por parte del poder ejecutivo provincial un «Consejo Provincial Forestal» que esté integrado por todas las asociaciones, los sindicatos, las autoridades del gobierno provincial y diputados provinciales; a los fines de abordar las cuestiones y los temas inherentes a la actividad forestal; en el que se deberá reunir de manera periódica. La creación de este Consejo es necesaria que se determine su creación y funcionamiento a través de un Decreto o Ley Provincial.
2) Se dicte una reglamentación de los proyectos de cambio de uso de suelo que garantice la adecuada aplicación de la Ley de Bosques; y que la ejecución de los mismos sea de manera gradual, y se garantice al productor forestal que pueda aprovechar la madera y se evite la práctica irracional de la quema de madera por parte de productores agrícolas.
3) Se incremente las multas por desmonte sin permiso y se agraven aún más en caso de desmontes en zonas amarillas y rojas del OTBN, que son áreas fundamentales para la restauración y conservación de nuestros bosques nativos
4) Se apliquen penas graves a los responsables de quema de bosques o de productos forestales en desmontes ilegales y de permisos de cambio de uso de suelo, y que estos casos sean denunciados en sede penal por los delitos de daño y estrago, que se encuentran previstos por el Código Penal.
5) Se establezca un procedimiento especial para que judicialmente se exija a los responsables de los desmontes ilegales que restauren de manera obligatoria los bosques nativos afectados, debido a que en la actualidad ningún desmonte ilegal restaura los daños ocasionados