Según explicaron desde el Gobierno, esta iniciativa “ayuda al proceso de liberar el comercio”. La eliminación de estos requisitos representa un paso en dirección a varios de los puntos incluidos en el documento anual de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), que detalla las principales barreras que, según Washington, obstaculizan el comercio bilateral con Argentina.

“El anuncio es parte del proceso de simplificación y desburocratización. Trabas arancelarias, un montón de resoluciones aisladas, que exigían la presencia de representantes del sector privado en las inspecciones, algo que generaba un montón de demoras operativas y costos adicionales”, explicaron desde el Gobierno. “Había barreras duplicadas y ahora las sacamos”, resumieron desde la Casa Rosada.

También dio detalles el ministro Federico Sturzenegger, en su cuenta en la red social X. “Para sacar un conteiner que iba por canal rojo necesitabas la aprobación de tu competidor local. El modelo de la casta en formato puro. Pero como hemos encontrado en muchas áreas, este tipo de restricciones tienen infinidad de ‘redundancias’, es decir, barreras duplicadas. Por eso celebramos la decisión de Juan Pazo que, en un trabajo digno de un arqueólogo, descubrió estas redundancias. Aunque estos mecanismos no se activaban de manera habitual, ciertamente eran un disuasorio, además de sobrecargar al proceso y a la aduana. Gracias Andrés Velis, Director General de Aduanas (y equipo), por seguir el proceso de depuración del comercio, pilar fundamental del Pacto de Mayo impulsado por el presidente”, escribió Sturzenegger.

A pedir de Washington

El informe “Barreras al comercio exterior”, publicado por Estados Unidos, incluye pedidos concretos de simplificación del sistema aduanero, eliminación de trabas no arancelarias y mayor previsibilidad en los procedimientos de importación. En este contexto, la eliminación del sistema de participación obligatoria de entidades observadoras responde a las exigencias de facilitar el ingreso de productos extranjeros al país.

Las normas derogadas —resoluciones 172, 210, 273, 274, 297, 345, 366, 538, 560, 578, 579, 580, 595, 617, 618, 626, 642, 647, 667, 673, 674, 676 y 692— habían sido dictadas a fines de los años noventa. Exigían la presencia de representantes del sector privado en las inspecciones físicas que se realizaban cuando la mercadería recibía canal rojo de selectividad dentro del Sistema Informático MALVINA (SIM).

Entre los fundamentos de la medida ARCA advirtió que el esquema resultaba poco efectivo. La participación era escasa y su implementación requería una planificación anticipada que generaba demoras operativas. Además, implicaba costos adicionales tanto para el Estado como para los operadores privados involucrados en el proceso de despacho de importaciones.

La publicación del informe de USTR y la solícita respuesta del gobierno libertario por cumplir con las exigencias de Washington ocurren en un contexto de renovadas gestiones bilaterales. Luego del arancel del 10% que Estados Unidos aplicó a las importaciones desde Argentina, el ministerio de Economía busca mecanismos que permitan mejorar el acceso de productos nacionales al mercado norteamericano.

Los reclamos de Estados Unidos apuntan a condiciones estructurales del comercio exterior argentino. Entre ellos, la estructura tributaria compleja, la accesibilidad restringida al mercado de cambios, y las limitaciones a la importación de determinados bienes. También se mencionan demandas en áreas como servicios, propiedad intelectual y regulación de contenidos audiovisuales.

Desde Washington se sostuvo que una reducción de aranceles podría concretarse si Argentina avanza en una agenda de previsibilidad normativa, simplificación administrativa y acceso equitativo al mercado. En ese marco, decisiones como la de ARCA se interpretan como señales de avance, aunque aún quedan múltiples exigencias pendientes.