POLÉMICA EN VILLA RÍO BERMEJITO: FUNCIONARIO DENUNCIÓ A UN MEDIO POR UNA PUBLICACIÓN Y SE ABRIÓ EL DEBATE SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA
Se generó una fuerte polémica en la localidad de Villa Río Bermejito luego de que el vicepresidente del área de deportes de la provincia, Gabriel Pellegrini, presentara una denuncia penal contra la propietaria del medio digital La Posta Informativa.
Según se informó, la denuncia fue radicada el 14 de marzo de 2026 a las 09:20 en la comisaría local y estaría relacionada con una publicación periodística replicada por ese medio, en la que se hacía referencia a la compra de un vehículo de alto valor económico por parte del funcionario, hecho que generó críticas en redes sociales en el contexto de la crisis económica que atraviesan trabajadores estatales y ciudadanos en general.
Desde la redacción de La Posta Informativa sostuvieron que la publicación no acusó al funcionario de ningún delito ni de maniobras irregulares, sino que reflejó opiniones y cuestionamientos surgidos en la opinión pública sobre la situación.
Además, el medio manifestó su preocupación por lo que consideran un intento de limitar la libertad de prensa y de expresión, recordando que estos derechos están garantizados por la Constitución de la Nación Argentina, particularmente en los artículos 14 y 32, que protegen el derecho a publicar ideas sin censura previa. También mencionaron la Ley 26.032, que extiende estas garantías a la difusión de información a través de internet.
En el comunicado, el medio aclaró además que no se hace responsable por los comentarios realizados por usuarios en redes sociales, aunque aseguró que mantiene abiertos sus espacios para que el funcionario pueda ejercer el derecho a réplica si así lo desea.
Por su parte, Gabriel Pellegrini respondió públicamente a la situación señalando que “hay que hacerse cargo de lo que uno difunde”, y aseguró que continuará con acciones legales al considerar que fue perjudicado por la publicación.
El caso generó un intenso debate en redes sociales entre usuarios que defienden la libertad de expresión y el trabajo periodístico, mientras que otros sostienen que los medios deben verificar la información antes de difundirla para evitar posibles difamaciones.
Por el momento, el conflicto continúa en el ámbito judicial y podría marcar un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites entre la crítica pública y el derecho al honor en la actividad periodística.