La discusión del Presupuesto 2026 ingresó en una etapa de alta sensibilidad política en el Senado, donde el oficialismo comenzó a detectar resistencias que podrían alterar el rumbo del proyecto. El foco del conflicto está puesto en el artículo 30, una cláusula que propone eliminar garantías legales vinculadas al financiamiento educativo y que, si bien superó el tratamiento en la Cámara de Diputados, ahora genera reparos en sectores considerados dialoguistas.

La preocupación se concentra especialmente en un grupo de senadores de la Unión Cívica Radical, algunos de los cuales anticiparon que no estarían dispuestos a respaldar ese punto en particular. El escenario encendió alarmas en la Casa Rosada, ya que el Presupuesto pasó de ser una ley de trámite relativamente previsible a convertirse en un problema político con múltiples frentes abiertos, tras el traspié sufrido en Diputados con otros capítulos sensibles.

El artículo cuestionado no solo impacta en educación. También propone derogar disposiciones vinculadas al financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología, a la educación técnico profesional y al Fondo Nacional de la Defensa. Desde el interior del país, en las últimas semanas, comenzaron a llegar reclamos de universidades, institutos técnicos y sectores productivos que advierten sobre el impacto directo de estas modificaciones en programas y obras en marcha.

En el plano político, la situación se volvió más compleja por el perfil de algunos de los legisladores radicales que expresaron reparos. Se trata de senadores con antecedentes directos en la gestión universitaria y en el movimiento estudiantil, lo que refuerza la resistencia interna a acompañar una poda de recursos en áreas estratégicas. Esa postura es observada con atención por el resto de la oposición, que evalúa aprovechar la división para debilitar el proyecto.

Desde el punto de vista numérico, el oficialismo parte de una base ajustada de apoyos, con aliados formales y provinciales que no garantizan un respaldo uniforme en todos los artículos. Aunque algunas bajas podrían no resultar decisivas en la votación general, la incertidumbre crece en torno a la votación en particular del artículo 30, donde podrían aparecer objeciones de último momento y reclamos adicionales.

En paralelo, el kirchnerismo activó una estrategia de presión política y simbólica, con gestos orientados a visibilizar el impacto del recorte en el sistema educativo, especialmente en las escuelas técnicas. Si ese artículo llegara a caer en el recinto, el Gobierno se vería obligado a retirar el proyecto y avanzar hacia una nueva prórroga del Presupuesto vigente. Mientras tanto, continúan las negociaciones, los contactos con sectores dialoguistas y un clima de expectativa que mantiene en vilo el debate legislativo.