DESDE EL NEPAR “IMPULSAN UNA LEY PARA PROHIBIR CONTRATACIONES DEL ESTADO CON PERSONAS CONDENADAS O VIOLENTAS: PIDEN QUE SE INCLUYA TAMBIÉN A EMPLEADOS PÚBLICOS DENUNCIADOS”
El bloque legislativo NEPAR presentó un proyecto de ley que busca establecer un nuevo estándar ético para quienes contratan con el Estado provincial. La propuesta ha generado fuerte repercusión pública, especialmente en zonas del Impenetrable chaqueño, donde organizaciones sociales y vecinos reclaman que la ley sea “justa y pareja para todos”.
Según el texto impulsado por el bloque, no podrán ser proveedoras ni contratistas del Estado aquellas personas físicas o jurídicas que:
Estén inscriptas en el Registro Único de Personas Violentas (RUPV).
Tengan condenas firmes por delitos graves, hechos de corrupción, crímenes de lesa humanidad o vinculaciones con el narcotráfico.
En el caso de personas jurídicas, también quedarán excluidos si sus socios o administradores tienen más del 20% del capital y se encuentran alcanzados por esas causales.
Para inscribirse como proveedor, será obligatorio presentar certificado de antecedentes penales y constancia de no estar en el RUPV. Desde NEPAR aseguran que con esta ley se busca consolidar un Estado “íntegro, coherente y responsable” en el uso de los recursos públicos.
“No puede contratar con el Estado quien ha ejercido violencia o ha sido condenado por delitos graves. La integridad debe exigirse también fuera de la función pública”, indicaron desde el bloque.
RECLAMOS DESDE EL INTERIOR: QUE TAMBIÉN ALCANCE A EMPLEADOS PÚBLICOS
Tras conocerse el contenido del proyecto, organizaciones del Impenetrable chaqueño expresaron su respaldo a la iniciativa, aunque reclamaron modificaciones clave para garantizar igualdad ante la ley.
En particular, piden que la norma incluya también a empleados públicos que hayan sido denunciados por violencia, hayan ejercido conductas violentas o incluso hayan sido detenidos por ese tipo de hechos, más allá de la existencia de una condena firme.
“No puede haber privilegios. La ley debe ser pareja para todos. El Estado no debe proteger a los violentos”, expresaron referentes sociales de la región, quienes pidieron que se eliminen los resguardos corporativos y se actúe con el mismo criterio tanto con contratistas como con agentes del Estado.
También exigieron que, con las modificaciones incorporadas, la Legislatura apruebe la ley sin demoras, el Ejecutivo la promulgue de inmediato y que se ponga en vigencia lo antes posible.
El proyecto será tratado en comisión en los próximos días y promete abrir un debate profundo sobre el vínculo entre ética, administración pública y violencia. Desde diversos sectores ya se anticipan fuertes posturas en torno a los alcances de la norma y su aplicación práctica.