UN PADRE QUE NO PUEDE VER A SU HIJA HACE MÁS DE UN AÑO DENUNCIA “CONNIVENCIA DE GENTE MUY PODEROSA DEL PODER JUDICIAL”

El abogado Daniel Lezana denunció “protección judicial para violentar todos los derechos” de su hija de seis años, a la cual no la puede ver hace un año y cuatro meses debido a que la madre de la niña le “impide” el contacto “sin orden judicial ni administrativa”.

“El motivo es protección judicial, la actual pareja (Alberto Mottet) de la madre de mi hija es el hijo de la defensora general del Poder Judicial y está teniendo la protección judicial de la fiscal N° 10 y de la hija del procurador adjunto de la Provincia”, aseguró el hombre en declaraciones a Diario Chaco.

El padre advirtió que se están “desconociendo todos los derechos de una menor” y mencionó que siempre “estaba en permanente contacto desde el día 1 que me separé, de los cuales tengo audios, videos, tengo 5 gigas de videos y audios de cómo se comportaba mi hija conmigo”.

En las presentaciones realizadas este jueves, Lezana solicitó a la Legislatura la “promoción de jury” contra la defensora general del Poder Judicial de Chaco, Alicia Beatriz Alcalá de Mottet, y presentó una denuncia contra Vanesa Yanina Fonteina ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento por “mal desempeño en sus funciones”. Además, realizó una formal denuncia contra la fiscal Lilian Beatriz Irala ante el procurador general del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Jorge Canteros.

Al referirse a la denuncia contra la defensora general, resaltó que se trata de quien tiene a su cargo todos los defensores civiles, oficiales, penales y las asesorías del menor.

“Desde el día que yo me separé, con mi hija siempre estuve en permanente contacto, a diario. Este es el quinto hecho de interrupción de contacto por parte de la madre. En las cuatro ocasiones anteriores, en cada uno fue dos semanas y éste ya lleva un año y cuatro meses por la protección que está recibiendo tanto su actual nuera y su hijo, el cual tiene antecedentes de violencia contra su expareja, la intentó atropellar con su auto. La ofrecí como testigo también en la causa y no la llamaron”, relató.

“El motivo de la denuncia es por incumplimiento de los deberes de su cargo previstos en la Constitución Provincial debido a que la situación tiene origen que hace un año y cuatro meses no veo a mi hija. La madre de mi hija es la actual pareja del señor Alberto Mottet, empleado de la Fiscalía N° 10, la cual llevaba la investigación de la denuncia hecha por mi parte”, señaló.

Y aseguró que “le están dando una protección judicial a él, por todos los indicios y actos procesales que hemos presentado. A mí no me han dejado ser ni testigo ni denunciante a pesar de haber hecho la denuncia. Me constituí como querellante particular, me negaron el derecho. Me ofrecí como imputado en la denuncia, me negaron”.

“No puedo acceder a tener contacto con mi hija a pesar de que no existe un impedimento de contacto ni suspensión de régimen de visitas ordenado ni en sede de familia ni en sede penal”, cuestionó entre varias “irregularidades” en los procesos judiciales.

“El colorario de todo esto es que una denuncia que hicieron lugar en la Fiscalía N° 5, el doctor Villalba, donde le imputan a su actual pareja por impedimento de contacto, desobediencia judicial y falsa denuncia, se estableció una audiencia de imputación en el mes de febrero y se suspendió ocho veces”, sostuvo.

En ese sentido, sentenció: “Esto denota un abuso de poder, una clara protección judicial a los hijos del poder por otra hija del poder, para ocultar esta situación que está sufriendo mi hija de violencia física y psicológica. Si yo, mi otra hija, mi grupo familiar, estamos tristes, mal, imaginate cómo va a estar mi hija”.

“Desde la sombra, otra vez protegiendo a los hijos del Poder Judicial para mantener su status quo y de esta forma poder simplemente, a pesar de que la doctora Alcalá fue juez de familia y defensora de menores, para violentar todos los derechos de una niña”, indicó.

Desde que comenzaron a impedirle ver a su hija, Lezana hizo “denuncias y en forma inmediata, como ella en ese momento no era pareja, era una ciudadana normal, fue citada por los juzgados y se reestableció el contacto después de 15 días de trámites, ahora llevamos un año y cuatro meses, a pesar de haber iniciado una medida cautelar y un habeas corpus”.

“Las denuncias contra él las hice ya que él pasaba entre 8 y 9 horas solo con mi hija, debido a que la madre trabajaba en horario comercial, y nosotros detectamos cambios de conducta, de hábitos de alimentación y sueño de la menor, y que también intervino el 102. Me habían dado una audiencia para que le hagan un tratamiento psicológico, pero después vino la pandemia y se suspendió. Sospechosamente, después la línea 102 cuando se inicia esta denuncia de mi parte y de la contraparte de la madre de mi hija, el 102 actuó en forma expedita en horario inhábil y en día inhábil”, añadió.

“Y así en cantidad de pedidos que hice para que se investiguen mis dichos, se citen a los testigos que yo solicité, aporté casi 800 megas de audios, videos, conversaciones, y no fueron merituados, no fueron producidas las pruebas, no citaron a los testigos, no me permitieron declarar, y la última resolución que sacó la fiscal para defenderse es que en la causa no hay ninguna restricción de acercamiento ni prohibición o suspensión del régimen de visita y que es una investigación penal preparatoria”.