El Gobierno nacional volvió a postergar una parte de los aumentos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, llevando alivio parcial a los precios de naftas y gasoil en los surtidores. La medida fue oficializada mediante el Decreto 74/2026, publicado en el Boletín Oficial, y modifica el esquema previsto originalmente en la Ley 23.966.

La norma introduce cambios sobre el Decreto 617/2025 y sus actualizaciones posteriores, que habían fijado para el 1 de febrero de 2026 la entrada en vigencia de los incrementos remanentes de esos tributos, correspondientes a las actualizaciones de 2024 y de los tres primeros trimestres de 2025. Con el nuevo decreto, el Poder Ejecutivo definió que esos aumentos se apliquen de forma parcial y escalonada, extendiendo el cronograma hasta marzo de 2026.

Desde el Gobierno explicaron que la decisión apunta a «continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible», especialmente en lo referido a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Cómo quedan los aumentos desde febrero

Para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 28 de febrero de 2026, el decreto establece:

• Un incremento del impuesto a los combustibles líquidos de $16,773 por litro para las distintas naftas.
• Un aumento de $14,372 por litro para el gasoil.
• En el impuesto al dióxido de carbono, una suba de $1,027 para las naftas y de $1,638 para el gasoil.
• Además, en el caso del tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en la Patagonia, Malargüe y Patagones, se fija un incremento específico de $7,782 en el monto fijo actualizado del gravamen previsto en el artículo 7 inciso d) de la Ley 23.966.

Cronograma extendido hasta marzo

El decreto también modifica la fecha de entrada en vigencia plena de los incrementos impositivos: pasa del 1 de febrero al 1 de marzo de 2026 , extendiendo así un mes más el esquema de aplicación de los aumentos pendientes.

De esta manera, el Ejecutivo vuelve a optar por un esquema gradual para la actualización impositiva sobre los combustibles, con el objetivo de evitar un impacto brusco en los precios al consumidor, en un contexto de inflación y ajuste fiscal, mientras se mantiene el proceso de normalización tributaria previsto por la normativa vigente.