La Fiscalía Federal de Sáenz Peña inició el año pasado una investigación por la existencia de posibles pensiones falsas por invalidez en Taco Pozo. Las indagaciones por parte de la Justicia comenzaron en agosto del año pasado, y tras las investigaciones, el fiscal Carlos Amad confirmó que se quitaron 740 pensiones que representaban alrededor de 1.000 millones de pesos al año.

«Esto me llamó mucho la atención porque eran muchas pensiones para un pueblo que tiene 9.000 habitantes; el 10% de su población era discapacitada. Yo pensé que el pueblo había entrado en guerra con otro pueblo y no nos enteramos por la cantidad de discapacitados«, explicó el fiscal a Diario Chaco .

La investigación comenzó con el cruce de datos con la Administración Nacional de la Discapacidad (ANDIS) y hallaron una serie de irregularidades que determinaron una profunda intervención por parte de la Justicia. Entre algunos casos, se encontraban personas con torceduras de tobillos con un porcentaje de 82% de incapacidad y otros con la enfermedad de Chagas con el 60%.

«Encontramos de todo un poco, con gente que en realidad no es discapacitada, sino que recibía esto como una especie de beca, entre ellos muchos empleados municipales. Obviamente, hay personas que se ha comprobado que cobran bien el subsidio por discapacidad y a esas personas no se les ha tocado, pero a otras personas se les cortó el servicio», dijo Amad.

«Se quitaron 740 pensiones, todas falsas, lo que significa en dinero alrededor de 120.000 pesos por mes por cadauna. Hay que multiplicarlo por 12, lo cual hace una cifra de casi 1.000 millones de pesos al año», comentó.

Se determinó además que las personas intervinientes son 9 y fueron imputadas por los delitos de Asociación Ilícita, Fraude y Perjuicio en la Administración Pública, Falsedad Ideológica en instrumentos públicos. «Ahora el juez los está indagando, se están produciendo las indagatorias, y con la prueba que hay en la causa, creo que va a terminar con un procesamiento», manifestó.

En ese sentido, aseguró que entre las personas involucradas hay médicos, enfermeros y profesionales de la salud de otras localidades, así como personas que se dedican a la política. Asimismo, señaló que «se han gestionado embargos preventivos por sumas millonarias a los imputados con inhibiciones, para asegurarnos de que si algún día el tribunal oral los condena, podamos sacar dinero de esas inhibiciones para responder ante el Estado el perjuicio que le están causando.»

LA INVESTIGACIÓN LLEGARÁ A OTRAS LOCALIDADES CHAQUEÑAS

Por otro lado, el fiscal dijo que a partir de esta investigación que se inició en Taco Pozo, se pedirán informes a otras localidades para comenzar a investigar. Resaltó también que hay casi 25.000 pensiones por incapacidad que se están investigando a fondo.

Entre ellas están las ciudades de Sáenz Peña, Charata, Pinedo, Villa Ángela, Machagai, Quitilipi, Tres Isletas, Villa Río Bermejito, La Tigra, Chorotis, entre otras, y toda la zona que comprende la jurisdicción territorial de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña.

El fiscal Amad hizo una aclaración respecto a esta investigación y dijo que la misma arrojó el resultado de que el 99,9% de las personas a las que se les ofrecieron este tipo de pensiones y cobraron, son personas muy vulnerables, algunas que no saben leer y escribir.

Por último, dijo el fiscal Amad: «Hay muchas personas que me han tildado de ser un tipo indolente, que no le interesa el prójimo, que lo único que hago es sacarle plata a los pobres. Esto no es cierto, esto es mentira, esto es una falacia, porque hay personas que, escudándose en cargos políticos, le han prometido a personas muy vulnerables este tipo de pensiones y ahora andan diciendo por ahí que yo soy un mal tipo. No es que les quiero sacar la pensión, sino que simplemente está mal otorgada, y lo que está mal, está mal. Es algo que no corresponde y por eso mismo se sacaron y se dejaron sin efecto muchas de las pensiones», aclaró