LA MARCA QUE CFK LLEVARÁ DE POR VIDA Y LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIR EL PERJUICIO AL ESTADO QUE SE LE ATRIBUYE

Tras la condena a seis años de prisión dictada en primera instancia por el Tribunal Oral Federal N° 2 en la Causa Vialidad, Cristina Kirchner recurrirá a los recursos de apelación disponibles para reducir o eliminar su pena, o en caso contrario, sumar el delito de asociación ilícita, en un lapso de resolución que puede durar días, meses o años.

Pero de todas las situaciones posibles, la Vicepresidente no podrá cambiar la marca que la acompaña desde el martes de por vida: condenada.

Así lo expone el periodista y analista económico Dardo Gasparré en su nota de opinión publicada hoy en La Prensa, titulada «El botín del kirchnerismo», en la que hace hincapié en la sentencia que una gran mayoría de la sociedad ya había emitido y en la persecución de su patrimonio como la parte más dura del fallo de la Justicia.

«El aspecto de la sentencia que más preocupa, o debería preocupar, a la familia Kirchner es la obligación de restituir la cifra estimada actualizable del perjuicio al Estado que se le atribuye. Se recordará que la idea tantas veces agitada de la extinción de dominio en todas las causas por corrupción, que permitiría la inmediata reposesión de bienes y dinero del condenado, nunca fue convertida en ley, pero este fallo es la aproximación más cercana a ese concepto, una demanda popular algo utópica si se analiza, pero absolutamente justa», señala Gasparré.

La nota de opinión completa es la siguiente:

El botín del kirchnerismo

La persecución de su patrimonio es la parte más dura de la sentencia contra la viuda de Kirchner. 

La condena en primera instancia a Cristina Fernández confirma el fallo que una gran mayoría de la sociedad ya había emitido.  Más bien es una ratificación inapelable de esa sentencia. Desde el punto de vista de la justicia, está sujeta aún a dos etapas de apelación, que habrá que ver si toman dos o tres años en dilucidarse, o si los tiempos son mucho menores. El recurso ante la Corte, por caso, es extraordinario y hace a ciertas garantías y procedimientos, no al fondo de la cuestión, y puede ser dirimido en 10 años, o en dos días, según el caso y la circunstancia. 

El recurso ante el Tribunal de Casación también puede tener una duración elástica, entre pocos meses o años, pero es una moneda al aire para la líder convicta: puede reducir o eliminar su pena y hasta su culpa, o puede agregar el delito de asociación ilícita y la pena consecuente. Ninguna de todas estas situaciones cambia la fatal marca que acompaña desde el martes de por vida a la vicepresidente: condenada. 

Se han comentado largamente las implicancias de la sentencia, tanto en los aspectos penales como en los políticos, como la cuestión de los fueros a los que – categórica, definitiva y provisoriamente – ha renunciado en su episodio televisivo del miércoles la presidente en no ejercicio, al anticipar, también definitiva y provisoriamente, su determinación de no postularse para cualquier cargo en las próximas elecciones. 

Sin embargo, el aspecto de la sentencia que más preocupa, o debería preocupar, a la familia Kirchner es la obligación de restituir la cifra estimada actualizable del perjuicio al Estado que se le atribuye. Se recordará que la idea tantas veces agitada de la extinción de dominio en todas las causas por corrupción, que permitiría la inmediata reposesión de bienes y dinero del condenado, nunca fue convertida en ley, pero este fallo es la aproximación más cercana a ese concepto, una demanda popular algo utópica si se analiza, pero absolutamente justa.  

EN PELIGRO

De confirmarse la sentencia, estaría en peligro cualquier estructura construida por la condenada para descargar de su posesión y su persona fondos que pasarían ahora a ser perseguidos legalmente, o más bien penalmente. Porque nunca en el patrimonio blanco declarado por la vicepresidente se refleja la tenencia de semejante cifra como la reclamada por la justicia. Y en una rara paradoja, el mecanismo ideado de fingir pagos de la empresa de Lázaro Báez a los hoteles presidenciales fue para justificar sus tenencias y gastos en blanco. Justamente fueron esos pagos uno de los puntos fundamentales para probar la «devolución» del inventado e improvisado contratista a la entonces primera mandataria, la puntada que faltaba para configurar el fraude. 

Buena parte de ese patrimonio fue donado a los hijos de Cristina, actos que de confirmarse el fallo podrían y serán atacados con éxito bajo la ley penal, al configurar una maniobra de desaparición o fuga patrimonial para evitar su confiscación, lo que implicaría no sólo retrotraer esos bienes a su situación anterior, sino investigaciones y molestias legales de todo tipo para los vástagos y para cualquier otro involucrado en el proceso, como beneficiario o gestor. Como las cifras involucradas en blanco representan apenas un mínimo del total demandado, la justicia quedará habilitada para buscar patrimonio de la responsable en cualquier formato y jurisdicción del mundo, esté o no consignado en su Declaración Jurada o en la AFIP, o sea en blanco o en negro. 

Y aquí hay un punto central. No es lo mismo la persecución del dinero en negro o de lavado por las vías normales del control financiero o impositivo, que la persecución penal de esos bienes basados en fallos concretos por delitos de fraude, tanto en el orden doméstico como en el orden internacional. Y menos aún si involucran dólares – como saben los presos de la FIFA que aceptaron pagos especiales para adjudicar el mundial ahora en curso. No es lo mismo ser acusado por el GAFI o la OSDEC que ser perseguido por Interpol. Esto significa que los intermediarios, testaferros, colaboradores, profesionales intervinientes, instituciones financieras, aún las sagradas, se exponen a la cárcel además de a la sanción patrimonial. La persecución penal de patrimonios incluye a los socios ocultos. No olvidar la innovación de Néstor Kirchner, con frutos que se reputaran como heredados por su familia, que consistió en que en vez de pedir retornos de ciertas empresas se pedía una parte de las mismas, incluyendo su conducción. Ni olvidar los testaferros-socios que compraron hasta recientemente empresas de servicios, o concesionarios de explotación con privilegios de todo tipo. Todo es patrimonio, y todo puede ser perseguido saltando por encima de cualquier confidencialidad, al tratarse de resarcimiento de fraudes. 

Luego está el amplio terreno de los bancos internacionales y otros fondos e instituciones, que reaccionan de modo distinto al habitual frente a la inquisición penal, y mucho más cuanto más poder pierden los ladrones. Por supuesto que mucho dependerá de la voluntad de la justicia y aún del gobierno de turno. Y también del grado de interés que el sistema internacional ponga en uno u otro sentido a medida que se esfume el poder de la vice.  Pero lo que es indudable es que los herederos formales e informales del emporio Kirchner tendrán pendiente damoclesianamente sobre sus cabezas los efectos del fallo, que también los perseguirá por mucho tiempo. 

Eso incluye el ataque a la explicación de la «herencia» de Néstor Kirchner, que justifica muchas de las tenencias blancas del clan, la que no ha sido cuestionada seriamente hasta ahora, pero que lo será a partir de este fallo, a punto que alguien decida hurgar sobre el tema. 

DAÑOS CUANTIOSOS

Hay un aspecto adicional, no por eso menos importante, que se aplica este caso y al de los cuadernos. Si la justicia argentina determinase que la expresidente y sus funcionarios direccionaron o permitieron direccionar el resultado de las licitaciones y otras concesiones, las empresas que no fueron favorecidas por esas decisiones se pueden sentir perjudicadas por tales arbitrariedades y demandar al Estado nacional o provincial por el daño que consideran haber sufrido. En especial las empresas extranjeras, que podrían demandar ante el CIADI. Hay que tener presente que Argentina es una experta en perder juicios en New York, casi todos también originados en el accionar peronista.  Si eso ocurriera, y es muy probable que ocurra, los daños serían mucho más grandes, y las repeticiones contra la señora de Kirchner y sus funcionarios podrían llegar a ser mucho más elevadas que la actual cifra. Eso pondría aún más presión internacional sobre la búsqueda y descubrimiento de los fondos no blancos ocultados en el sistema, con las recompensas y arrepentimientos de rigor. Un problema algo más serio que el tamaño de las tobilleras, como bromeaban algunos. 

Por eso no es fácil creer en la renuncia de la señora Fernández. Fracasado el intento de apretar y amenazar a la justicia, el poder sigue siendo su máximo escudo de impunidad, tanto dentro como fuera del país. El peronismo ha sido reducido por Cristina apenas a un paraíso fiscal. Y el país a un aguantadero. 

Fuente: Diario chaco