IMPUTAN A PRODUCTOR FRUTILLERO POR TRATA Y EXPLOTACION DE TRABAJADORES CHAQUEÑOS
La fiscalía pidió elevar el caso a juicio oral. Denuncian condiciones inhumanas y un sistema de endeudamiento para someter a las víctimas.

Un productor rural de 25 años fue imputado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, en un campo de frutillas de la localidad santafesina de Arroyo Leyes, donde al menos 20 trabajadores —en su mayoría provenientes del Chaco— habrían sido sometidos a condiciones de extrema precariedad.
La acusación fue formulada por fiscales de la Unidad Fiscal Santa Fe y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), quienes solicitaron la elevación a juicio oral y estimaron una pena de 8 años de prisión para el imputado, identificado por sus iniciales F.A.P.
Según la investigación, el acusado implementó un sistema de captación, traslado y alojamiento de trabajadores aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
Las víctimas, oriundas principalmente de localidades chaqueñas como San Bernardo y La Clotilde, habrían sido trasladadas con promesas laborales que luego no se cumplieron. Además, el imputado financiaba los pasajes y descontaba esos costos de los salarios, generando un esquema de endeudamiento que limitaba su posibilidad de abandonar el lugar.
El caso salió a la luz en septiembre de 2025, tras la denuncia de tres trabajadores que lograron escapar del predio. Durante un allanamiento realizado el 1 de octubre en el campo ubicado sobre la ruta provincial N°1, se identificó a 45 personas en el lugar. Sin embargo, la acusación se centra en 20 víctimas, en base a los testimonios recolectados.
La fiscalía describió condiciones de vida y trabajo extremadamente precarias: los trabajadores dormían en galpones improvisados, sin acceso a servicios básicos ni agua potable, y debían higienizarse en zonas de monte. Las jornadas laborales comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de 12 horas, sin días de descanso y con salarios por debajo de lo establecido legalmente.
En el procedimiento se secuestraron más de 10 millones de pesos, 4.205 dólares, 12 armas de fuego y documentación que registraba descuentos aplicados a los trabajadores por insumos básicos. También fue incautada una camioneta que, según la fiscalía, habría sido utilizada para la comisión del delito.