EN LAS CÁRCELES FEDERALES SIGUE CRECIENDO EL CRIMEN ORGANIZADO, REVELÓ UN INFORME DE LA FISCALÍA ANTINARCO
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La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal general Diego Iglesias, publicó un nuevo informe que resalta la necesidad de tener un área de inteligencia criminal dentro de los penitenciarios y que no se debe descartar la posible connivencia en los delitos del personal que se desempeña en las cárceles, todo esto a raíz del crecimiento del crimen organizado en las cárceles.
El informe, difundido por Clarín, expone una problemática que califican de grave por su constante crecimiento: «El despliegue de maniobras narcocriminales planificadas o llevadas a cabo desde los establecimientos penitenciarios».
Cabe destacar que por esta problemática, en el marco de una mesa de trabajo que constituyó la Procuración General, se efectuaron una serie de recomendaciones al Servicio Penitenciario Federal para «prevenir la comisión de nuevos delitos desde el ámbito carcelario».
Según concluyen en el informe, las personas que se encontraban privadas de su libertad y ocuparon eslabones jerárquicos en organizaciones o grupos narcocriminales complejos, «con gran influencia territorial, continuaron comunicándose con individuos extra muros, quienes ejecutaron bajo sus directivas, diferentes maniobras de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y otros delitos vinculados».
Es por eso que la Procuración solicitó que los líderes narcos presos «no tengan contacto con otros internos que se encuentren detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado». También se requirió un control estricto de las comunicaciones telefónicas que pudiera mantener la persona detenida «a través del teléfono de línea fija que resulta de acceso público para la población penitenciaria y de otros medios de comunicación habilitados». Dichas solicitudes, aseguran, no fueron llevadas adelante por el Servicio Penitenciario Federal.
A la hora de analizar doce casos puntuales y nueve expedientes iniciados en los últimos meses a raíz del secuestro de teléfonos celulares, la PROCUNAR concluyó que todos estos antecedentes «demuestran una permanencia en cuanto al manejo de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes por parte de personas que se encuentran privadas de la libertad por la comisión, extra muros, de delitos de la misma naturaleza».
Todo esto da cuenta que lo planteado en el informe del 2021 se profundizó durante el año pasado. «Pese a las circunstancias analizadas en el informe elaborado en el año 2021 y las recomendaciones de la Mesa de Trabajo elevadas al Ministerio de Justicia, existen indicadores que demuestran que la grave situación se mantiene y que no resulta suficiente la adopción de medidas individuales que deben ser litigadas en cada caso concreto», informa el documento difundido en Clarín.