COPARTICIPACIÓN: EL ROL DE LA LIGA DE GOBERNADORES PARA QUE ALBERTO FERNÁNDEZ DECIDA NO ACATAR EL FALLO DE LA CORTE
Capitanich fue el gobernador con la posición más dura respecto al fallo de la Corte Suprema. «Así el país no es ni republicano, ni federal, ni representativo», había dicho.
Horas después de que el gobernador Jorge Capitanich saliera a repudiar públicamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la disputa por fondos de coparticipación y pidiera que Alberto Fernández no acate el fallo, el presidente convocó a gobernadores y finalmente terminó anunciando su no acatamiento de la resolución judicial.
Analistas políticos destacan que los gobernadores «jugaron un rol central en la decisión del gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte Suprema, que le devolvió a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que le había quitado Alberto Fernández a mediados del 2020. Fueron ellos los que empujaron al Presidente a librar una nueva batalla con el máximo tribunal». Así lo señaló Joaquín Mugica Díaz en su columna para Infobae.
«Este fallo es inconstitucional porque viola el artículo primero de la Constitución Nacional: así el país no es ni republicano, ni federal, ni representativo», declaró Capitanich sobre el fallo, en esa sintonía reaccionaron gobernadores y el presidente se recostó en ellos.
Si finalmente la Corte rechaza los planteos de recusación de sus miembros (que no corresponde por extemporáneo) y el pedido de revocatoria «in extremis», al Gobierno no le quedará otra que obedecer. De hacerlo, la maniobra traerá como resultado un enorme costo político sin ninguna ganancia para el Gobierno. Si al contrario, persiste en la rebelión contra otro poder del Estado, nadie arriesga una solución política pacífica.
LA DISPUTA JUDICIAL
Desde Juntos por el Cambio expresaron un enérgico repudio a la decisión del gobierno nacional de no acatar la medida cautelar de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables de la ciudad de Buenos Aires.
La coalición integrada por el PRO, la Coalición Cívica y el radicalismo, entre otros, emitió un comunicado de prensa en la que decían: «Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del Presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
Agregaron además que «no se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos».
Por otro lado, la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, junto a los legisladores Roberto García Moritán y Yamil Santoro denunciaron penalmente a Alberto Fernández tras haber anunciado que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Las denuncias alcanzaron a los ministros del Gobierno y también al gobernador Jorge Capitanich. Según argumentaron, todos ellos incurren en los delitos de «alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia».
Fuente: Diario chaco