El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que sesionó a comienzos de noviembre en la ciudad de Corrientes, declaró que el modelo forestal actual de Argentina constituye un ecocidio.

Según los jueces, ese modelo «ha provocado y sigue provocando un ecocidio en el territorio y contra todos los seres vivos que lo habitan, humanos y no humanos».

Además, afirmaron que esa forma de producir «viola los derechos de la naturaleza y los derechos humanos que se complementan mutuamente, en un contexto de normas débiles de protección ambiental y de las comunidades existentes en el país».

El tribunal está compuesto por referentes de varios países: Alberto Acosta (Ecuador), Yuvelis Morales (Colombia), Enrique Viale (Argentina), Jacqueline Arriagada (Chile), Maximiliano Mendieta (Paraguay), y Natalia Greene (Ecuador).

Mientras que la bióloga Renata Nicora Chequin ofició de fiscal de la Tierra durante un proceso que evaluó las características de la producción que se desarrolla en Corrientes.

La presencia de los ambientalistas en la vecina provincia se debió a que la organización Defensores del Pastizal presentó el caso del avance del modelo de producción forestal y sus consecuencias para el hábitat natural.

Una de las consideraciones del fallo aclara que las plantaciones de árboles «no son bosques, pues no reproducen la vida y constituyen parte de las falsas soluciones, como son los mercados de carbono y otras herramientas financieras que terminan solamente por beneficiar a los grandes grupos económicos dentro y fuera de la Argentina».

Veredicto histórico 

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza instó al Estado argentino y a la provincia de Corrientes a realizar cambios profundos en su marco normativo para garantizar derechos, incluyendo «un plan de superación del actual modelo forestal» y «una moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y pirrófitas en el territorio». También exigió «un plan de restauración y regeneración integral que nazca desde los territorios y espacios locales» y la erradicación de las «condiciones de trabajo esclavo inherentes a un modelo forestal, precarizado y que obliga al trabajo infantil».

En una decisión histórica, sus integrantes declararon que «pastizales y humedales son sujetos de derechos por lo que se debe respetar integralmente su existencia, su entorno, su regeneración y mantener sus ciclos vitales». Tras una visita por territorios afectados, se convocó a una audiencia en la que se analizó lo denunciado por la organización local Defensores del Pastizal, que expuso los impactos negativos, tanto sociales como ambientales, del modelo de monocultivo forestal, particularmente los cultivos de pino y eucalipto en la región.

Desaparecidos o en peligro de extinguirse

María Clara Gonzáles y Florencia Quijano, de Defensores del Pastizal, señalaron que la expansión descontrolada de plantaciones de Pinos y eucaliptos contribuyeron en la desaparición de especies nativas y a la alteración profunda de los ecosistemas.

«La pérdida de biodiversidad es desenfrenada, con especies emblemáticas como el aguará guazú y el tordo amarillo en peligro de desaparecer,» denunció Tomás Camarasa, quien explicó cómo los monocultivos redujeron drásticamente los hábitats de esas especies, que son indicadores críticos de la salud de los pastizales.

En tanto que la abogada Nora Rosana Maciel pidió a las autoridades provinciales que fortalezcan los sistemas de control y revisión de las actividades forestales, para delimitar la frontera agropecuaria y proteger humedales y pastizales.