Casi 30 años después de su creación, el INADI cuenta con 43 delegaciones en todo el país con un personal de más de 400 personas entre directivos y empleados que reciben denuncias por discriminación, brindan asesoramiento a las víctimas y monitorean situaciones donde el sexismo, racismo, la discriminación al colectivo LGBT y la xenofobia puedan afectar la vida de las personas.

Greta Pena, quien estuvo a cargo de la intervención del Instituto entre enero y diciembre de 2023, recordó que el INADI fue creado «luego de los dos grandes atentados terroristas» sufridos en el país y que tuvieron como blanco la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994.

En declaraciones al canal C5N Pena mencionó que el cierre del INADI estaba incluido entre las reformas que el Gobierno presentó como parte de la llamada Ley Ómnibus, o «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», cuyo tratamiento en particular fracasó en la Cámara de Diputados semanas atrás.

Pena aclaró que, en el caso del INADI, «para cerrarlo es necesario derogar la ley» que se usó para crearlo en 1995, por lo que su disolución tendrá que ser tratada y negociada en el Congreso de la Nación.

La intervención del INADI había sido dispuesta en junio de 2011 -durante el primer mandato de Cristina Kirchner- y prorrogada a través del Decreto 15/2023.

Victoria Donda, quien fuera interventora del organismo, destacó en declaraciones al diario Perfil que, si pretende cerrar el Instituto, el Gobierno «debería recurrir a otra Ley si es que cree un poquito en la democracia».

Días atrás los trabajadores del Inadi habían impulsado una petición en la plataforma Change -que reunió unas 15.000 firmas- para que no se cerrara el organismo con la explicación de que su funcionamiento «tiene su basamento en el cumplimiento de compromisos internacionales que la República Argentina asumió».

Esto es, en «el respeto y la promoción de los derechos humanos es un compromiso de todas las personas y es responsabilidad del Estado Nacional», dijeron en la petición y destacaron que desde el año 1997 el organismo «ha trabajado incansablemente para promover la creación e implementación de políticas así como planes destinados a eliminar todas las formas de discriminación».