LOS JUECES QUE ANULARON LA INVESTIGACIÓN CONTRA «CHOCOLATE» RIGAU PODRÍAN SER APARTADOS ESTA SEMANA
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La semana próxima será crucial en el desarrollo del pedido de juicio político contra los camaristas Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides, titulares de la Sala III de la Cámara de Apelaciones penales de La Plata. Ambos magistrados fueron denunciados por anular de manera cuestionable la causa conocida como «Chocolate» Rigau. Además, existe la posibilidad de que se solicite su apartamiento preventivo.
Hasta el momento, no se realizó el sorteo del jurado que llevará a cabo el debate oral. Mientras tanto, se espera un fallo trascendental que podría obstaculizar el expediente iniciado contra el puntero del Partido Justicialista por cobrar dinero de 48 tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense.
La anulación de la causa de los empleados fantasmas de la Legislatura por parte de los camaristas Villordo y Benavides generó un escándalo que no solo fue cuestionado por la sociedad, sino también por la propia Justicia.
En respuesta a esta decisión, el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, inició un proceso de destitución por «mal desempeño» contra los jueces. Según el jefe de los fiscales, la resolución provocó una gran conmoción en la sociedad y contribuyó a fortalecer la desconfianza hacia el sistema judicial.
Además, se presentó una denuncia conjunta por parte del legislador de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, y la candidata a senadora María Eugenia Talerico. Ambas denuncias serán unificadas debido a que se refieren al mismo hecho.
El sumario iniciado por Conte Grand ya está en curso y no requiere un dictamen adicional. Durante esta semana, se llevó a cabo una reunión importante en la Secretaría de Enjuiciamiento, y se espera que el sorteo de los miembros del jurado se realice la próxima semana. El jurado estará integrado por miembros de la Suprema Corte, así como un número igual de senadores y diputados.
Una vez realizado el sorteo, los jueces del jury podrán solicitar el apartamiento de Villordo y Benavides según lo establecido en el artículo 29 bis como medida preventiva hasta que se lleve a cabo el juicio y se decida si los camaristas serán destituidos o no.
En relación al fallo pendiente en la Cámara de Apelaciones, el secretario Ulises Giménez señaló que su resolución podría afectar el proceso de juicio político. Si los jueces deciden anular las pruebas contra Rigau solicitadas por su defensa, se sumaría una nueva irregularidad por parte de Villordo y Benavides.
Por otro lado, la defensa de Julio Rigau presentó un recurso de apelación el 30 de octubre contra la decisión del juez de Garantías N°1, Guillermo Federico Atencio, quien rechazó la solicitud de nulidad de las pruebas en su contra. En ese recurso, solicitaron que no se realice la pericia en el teléfono celular, que ya ha sido llevada a cabo y se esperan los resultados, y que se anulen los elementos probatorios recopilados hasta el momento. Esta apelación aún debe resolverse en la Cámara de Apelaciones, que está compuesta por los mismos camaristas Villordo y Benavides.
Mientras se aguarda el informe que revelará el contenido del teléfono de Rigau, la Justicia dictaminó en contra de dos funcionarios clave en la política bonaerense, quienes podrían enfrentar prisión por fraude al Estado. Se trata del concejal de La Plata por el Frente Renovador, Facundo Albini, y su padre, Claudio Albini.
Varios testigos que declararon ante la fiscal Betina Lacki mencionaron a ambos como responsables de los empleados fantasmas de la Legislatura. El caso generó preocupación en la escena política local, ya que padre e hijo han sido imputados por los delitos de «asociación ilícita» y «fraude a la administración pública», los cuales no son excarcelables.
Según fuentes judiciales, padre e hijo se encargaban de gestionar los contratos en el Banco Provincia para los 48 titulares de las tarjetas de débito que fueron incautadas a Rigau el día de su arresto. Estas tarjetas están relacionadas con la maniobra conocida como «ñoquis», que involucraba empleados ficticios en la Legislatura bonaerense, específicamente en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, aunque no se descarta que también pueda haber implicaciones en el Senado.
El juez Guillermo Federico Atencio, a cargo del Juzgado de Garantías N°1 de La Plata, rechazó el pasado lunes la solicitud de eximición de prisión presentada por la abogada defensora de los Albini. Según el magistrado, los imputados desempeñaban un papel fundamental como líderes de la supuesta organización, logrando recaudar alrededor de 800 millones de pesos.
El método de recaudación utilizado era la conocida práctica de los «ñoquis», empleada en la Legislatura bonaerense. Específicamente, se descubrió que este esquema operaba en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, pero no se descarta que también pudiera haber involucrado al Senado.
La próxima semana se espera un avance significativo en el pedido de juicio político contra los camaristas Villordo y Benavides, quienes están en el ojo de la tormenta por anular la causa de los empleados fantasmas de la Legislatura. Asimismo, se aguarda el fallo de la Cámara de Apelaciones que podría afectar el curso del juicio y sumar nuevas irregularidades a la actuación de los camaristas.
Mientras tanto, la Justicia continúa su accionar en otros frentes, como el caso de los Albini, destacados funcionarios políticos implicados en un presunto fraude millonario al Estado.