Apenas unos minutos después de que se hubiera firmado el fallo «Levinas» que ratificaba que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) podía revisar decisiones de las Cámaras de Apelaciones de la Justicia Nacional y lo referido a la interposición de Recursos Extraordinarios ante el máximo Tribunal, la Corte Suprema remitió al tribunal porteño la causa Correo Argentino que involucra a la familia del expresidente Mauricio Macri.

Por analogía a lo resuelto en Levinas y con la disidencia de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti dispusieron en una carilla remitirse a sus argumentos para resolver en el expediente «Socma Americana SA sobre recurso de inconstitucionalidad denegado (comercial) en Correo Argentino SA sobre concurso preventivo sobre incidente de recusación con causa».

ESPALDARAZO

Mas adelante indica «Que por aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal en el día de la fecha», en referencia a la causa Levinas, «se establece que el Tribunal Superior de Justicia es el superior tribunal de la causa al que se refiere el artículo 14 de la Ley 48, y consecuentemente, resulta competente para revisar la sentencia dictada por la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial», sostuvo en dos párrafos la Corte, en lo que significa un espaldarazo inesperado -por lo veloz- para mejorar la situación del expediente comercial que amenazaba el emporio de la familia del exmandatario.

«Se resuelve, por mayoría, remitir las actuaciones al TSJ a sus efectos. Hágase saber a la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial», culmina sin mayores consideraciones.

Ahora, el fuero comercial debe entregarle el expediente de la quiebra del Correo al TSJ cuyo diseño fue implementado durante las distintas gestiones de Macri como jefe de Gobierno y era una noticia que genera alivio al expresidente, que ya había intentado el camino de evitar el fuero comercial (en especial a la fiscal Gabriela Boquin) para tener una mejor perspectiva.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó la existencia de una situación anómala en la Ciudad de Buenos Aires, donde aún coexisten la justicia local y la nacional con competencia ordinaria (civil, comercial, laboral y penal), a pesar de lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Nacional que garantiza la autonomía local, en la Constitución porteña y de los compromisos asumidos por las autoridades legislativas nacional y local para traspasar las competencias judiciales.

La Corte Suprema, de acuerdo con otros precedentes, viene remarcando el carácter de los tribunales nacionales de la ciudad de Buenos Aires. Desde 2015, la Corte ha dictado más de 2000 sentencias reiterando lo dicho sobre el status de la ciudad de Buenos Aires y de la Justicia Nacional ordinaria.