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El abogado Aldo Daniel Ávila denunció que intentaron allanar el estudio jurídico donde se encuentra su oficina sin respetar las garantías constitucionales y aseguró que el procedimiento ordenado por el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de esa ciudad se trató de «un hecho gravísimo».

En contacto con Diario Chaco , el letrado reveló que este lunes por la tarde, un oficial de Justicia y efectivos de la Policía irrumpieron en el edificio del estudio jurídico, ubicado en Laprida 672 de la ciudad termal, pero «no pudieron entrar» a las oficinas de los abogados, porque no les permitió.

Ávila explicó que el procedimiento se ordenó en el marco de un sucesorio de uno de sus exsocios, Humber Aiquel, que falleció en abril de 2021, mediante el cual se pidió una constatación de la radio que funciona en la planta baja del edificio donde además funciona un estudio jurídico en la planta alta.

«Viene el oficial de Justicia con el abogado, uno de los herederos que había pedido eso (la parte interesada) y policías. Yo cerré todo el estudio y les dije que no entraba nadie, que tienen que comunicar al Colegio de Abogados», contó.

Sin embargo, la diligencia judicial no contaba con el marco de garantías constitucionales: «Es una barbaridad que una jueza de primera instancia firme una orden de allanamiento así sin más. Porque yo no tengo nada que ver con esto, iban a entrar y a inventariar las cosas que tengo en mi oficina. Y las oficinas de los demás abogados, porque es un estudio que tiene cinco oficinas y una sala de Secretaría».

«La jueza no puede librar una orden de allanamiento en la cual facultaba al oficial de Justicia para constatar todas las oficinas del estudio jurídico, porque no aclaraba, con uso de la fuerza pública. Debería ser específico. Cuando se trata de un estudio jurídico, la magistrada tiene que comunicar al Colegio de Abogados, que es el que supervisa», precisó.

«UN ESTUDIO JURÍDICO ES SAGRADO»

En ese sentido, advirtió: «Esto es volver a la dictadura, ya estamos en otra época. Una diligencia de este tipo atrasa 50 años. A esta altura del partido, no se puede librar una orden abierta y que tengan facultad para revisar todo lo que hay. Eso no puede pasar inadvertido para una jueza».

«Un estudio jurídico es sagrado», argumentó Aldo Daniel Ávila, que además calificó a la situación de importante «gravedad institucional» y advirtió que «no puede repetirse».

Y señaló: «Está bien, si quieren constatar si había bienes en la oficina que era del doctor Aiquel, que constanten. Pero con la presencia de los miembros de los representantes del Colegio. Con un marco de garantías constitucionales».

«Yo no les permití entrar porque conocía cómo defenderme, tengo 40 años de profesión. Pero si lo agarran a un colega más joven y lo hacen percha», remarcó.

Sobre esto último, recordó: «Ya hicieron barbaridades hace 2 o 3 años atrás, cuando hubo estafas de inmobiliarias por tierras. La Fiscalía N°1 ordenaba allanamientos y sacaban documentación de cualquier tipo a los colegas. Ya tenemos experiencia en cómo se cometen abusos. Eso fue en una causa penal».

«DEBEN SER REPRIMIDAS»

Tras el allanamiento irregular ocurrido este lunes, el presidente del Colegio de Abogados de Sáenz Peña, Leandro Félix Arrudi, le presentó una nota al Superior Tribunal de Justicia para solicitar que «se recuerde a los señores magistrados la vigencia del artículo 12 de la Ley 2275-B, en relación a la inviolabilidad de los estudios jurídicos, instándolos a que se observe en toda su plenitud dicho precepto en cualquier procedimiento judicial».

«No puede soslayarse que las prácticas judiciales deben evitar en extremo la puesta en peligro del resguardo y respeto absoluto del secreto profesional, por lo que aquellas que sean contrarias a las garantías convencionales, constitucionales y/o legales, deben ser reprimidas», afirmó.

ARTÍCULO 12 DE LA LEY 2275-B

A continuación, la transcripción del Artículo 12 de la Ley 2275-B, que reglamenta el ejercicio de la profesión de Abogados y Procuradores de Chaco:

Los abogados y procuradores gozan de la inviolabilidad de su estudio profesional, en resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio. El inmueble donde funcione el estudio profesional sólo podrá ser allanado por motivos ajenos al ejercicio de la defensa, por orden judicial y previa comunicación fehaciente por parte del Juez interviniente a la entidad gremial de abogados a la que pertenezca.

De no encontrarse asociado a ninguna entidad gremial, la comunicación deberá dirigirse a la o las entidades gremiales con representación en la circunscripción a la que pertenezca el estudio jurídico. En todos los casos, las entidades profesionales deberán designar un miembro de su Comisión Directiva para que esté presente en el procedimiento como veedor del mismo, controlando su legalidad y el respeto absoluto del resguardo del secreto profesional. Sus opiniones deberán constar en las actas que se labren en la oportunidad. El incumplimiento de este precepto hará el allanamiento absolutamente nulo e insanable.