#VIDEO# GRAVE DENUNCIA CONTRA UN FISCAL Y UN FUNCIONARIO JUDICIAL DE POMPEYA POR PEDIR SOBORNOS: SOLICITAN UN JURY

La denuncia, a la que tuvo acceso Diario Chaco, fue presentada el lunes ante el Consejo de la Magistratura y es contra el titular de la Fiscalía de Investigaciones de Misión Nueva Pompeya, Francisco Bordón Morales, y contra el prosecretario de esa dependencia, Juan Carlos Alarcón.

La presentación es por el delito de cohecho y solicitan la suspensión provisoria de los cargos y el juicio político a ambos involucrados. Fue efectuada por Juan Carlos Semana con el patrocinio de César López.

La denuncia relata graves hechos y señala que “los aquí denunciados arman causas penales para después solicitar y percibir sumas importantes de dinero para ordenar la libertad caucionada de los detenidos o dictar su sobreseimiento”.

Según agregaron “esta forma CORRUPTA de armar causas Judiciales y COBRAR DINERO, no es de ahora, viene desde varios meses antes, lo único que impide que salga esto a la luz es el miedo de mis vecinos a denunciar por temor a represalias por parte de estas personas que manejan muchos contactos, ya sea políticos”.

“El Sr. Alarcón Juan Carlos, alegando SIEMPRE actuar en nombre y representación del Sr. Fiscal Morales Bordón Francisco, como intermediario entre este último y diferentes ciudadanos de la ciudad, cobra dinero en nombre de aquel para que estos obtengan resultados deseados en las causas”, afirmaron.

Aseguran también que “los actos de CORRUPCIÓN llevados a cabo por el magistrado Morales Bordón y el funcionario judicial Alarcón Juan Carlos, atentan contra el debido proceso, afectando gravemente el derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional y en el art. 20 de la Constitución de la Provincia del Chaco, es tal la impunidad con la que se manejan que ellos mismos sugieren o indican a los justiciables a cuál abogado defensor tienen que elegir los detenidos para que puedan recuperar su tan valiosa libertad, ya que de lo contrario, la causa se agrava en perjuicio del imputado y por ende, la familia de este termina sufriendo todas las penurias que conllevan atender las necesidades de un familiar detenido”.

La situación saltó a la luz por lo vivido por Juan Carlos Semana, quien habría sufrido la extorsión en el marco de una causa por abuso sexual que se le inició a su hermano, Adrián González, un joven de 19 años que padece la afección de retraso madurativo. Una vez hecha la denuncia, se ordenó inmediatamente su detención.

Es así que el hombre asegura que la denuncia contra su hermano fue efectuada por Roxana Marilin Aranda, una mujer “quien ‘casualmente’ varias veces trabajó y trabaja como empleada doméstica de Alarcon, Juan Carlos”.

“Apenas efectivizada la detención de Adrián en fecha 11 de febrero del corriente, el prosecretario Juan Carlos Alarcon, junto a la Psicóloga Florencia Terencio, del Juzgado Multifueros, me citan a la plaza principal de la localidad de Misión Nueva Pompeya, allí le manifestaron que debía pagar dinero para que salga su hermano y que estaríamos en contacto por cualquier novedad a través de comunicación telefónica”, señala también el escrito.

Además, recuerda que “el miércoles 17 de febrero, asume la defensa de mi hermano el Dr. ROMERO DIEGO. Ese mismo día, en horas de la tarde, me encuentro en la vía pública con Alarcon, estando al tanto de la intervención del defensor en el expediente, me manifestó que eso complicó las cosas para mí, ya que sería mayor el gasto ya que él tenía que pagar a varias personas para poder lograr que mi hermano recupere la libertad. En todo momento, me manifestó que él actuaba como intermediario entre el Fiscal y yo”.

Dos días después, fue el llamado clave: “En fecha 19 de febrero del corriente a las 11:10 h, llamo por teléfono a Alarcon (luego de haberlo llamado minutos antes) y me informó que tenía que pagar la suma de $75.000 para conseguir la libertad de mi hermano y que si no podía pagar todo ese dinero de una sola vez podía pagar en dos cuotas de $45.000, que si pagaba de una sola vez me ahorraba $15.000”.

Ante el panorama, Semana contó que con el objetivo de conseguir la libertad de su hermano tuvo que pedir dinero prestado a varios conocidos e incluso debió vender cosas para alcanzar la suma. “Alarcon me aseguró que siempre que yo cumpliese con lo acordado mi hermano saldría, ya que él junto al Fiscal Morales Bordón “movería” a todo el personal de Fiscalía cuando yo le confirmase que conseguí una parte de todo el dinero que me habían solicitado”.

“El día martes 23 de febrero, en horas de la mañana logré reunir la suma de $30.000 para entregarle al Sr. Alarcon. Teniendo esa suma de dinero en mi poder me comuniqué con el prosecretario por teléfono y le confirmé que ya tenía la plata de la entrega acordada. ‘Sorpresivamente’ a las 14 h de dicho martes, mi hermano recuperó la libertad. Ese mismo día, en horas de la tarde, a las 19:27 h aproximadamente, le entregué la suma de $30.000 al Sr. Alarcon Juan Carlos en la vereda de su domicilio”, consta en la denuncia, que está acompañada con una cámara oculta de ese momento.

“Es vital dejar al descubierto la impunidad con la que se manejan en esta Fiscalía, sugiriendo e indicando a los justiciables a cuál abogado defensor tienen que elegir para poder “ganar un juicio”, tal como los expresa Alarcon en este caso, manifestando que no debía tratar con ningún abogado y específicamente con los Dres. IVAN BRIAN GIMENEZ y DIEGO ROMERO. Esto se evidencia en la grabación de llamada de un minuto treinta y cinco segundos de duración (00:01:35), de fecha 23 de febrero del año 2021 a horas de la tarde”, añadieron.

 Audio: “… si contratan al Iván Brian Giménez o a Diego Romero van a ir mal… están cruzado ya, ningún juicio van a ganar… (en referencia a los abogados Giménez y Romero)… tienen que cambiar de abogado para ya y así no le siguen pagando… él va a decir, ah ya lo saqué ahora tienen que pagarme a mí…”.

Así las cosas, según expresa la presentación que se hizo ante el Consejo de la Magistratura, la calificación penal que le cabería al fiscal Francisco Morales Bordón están enmarcadas en el artículo 257 del Código Penal de la Nación, que dice: “Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro a doce años e inhabilitación especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia”.

También en la Ley 33-B de la provincia, que en su artículo 8° señala: “Son igualmente acusables por las siguientes faltas: … inc. e) Inmoralidad comprobada por hechos concretos que acarrearen mala reputación; inc. f) Conducta incompatible con la dignidad que el estado judicial impone”.

Para Juan Carlos Alarcón sería algo parecido. Además, de la misma ley provincial, lo encuadran en el artículo 256 del Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.

 

Cabe marcar que a las denuncias se suman dos videos que también están aportados en esta nota y una serie de audios que afirman que son grabaciones entre el denunciante y Alarcón.

Por último, se debe remarcar que el hombre que efectuó la denuncia También, también solicitó que, “atento a la gravedad de la acusación efectuada, se disponga LA PROTECCIÓN DE TODA MI FAMILIA, del modo en que el Jurado de Enjuiciamiento estime pertinente, ya que temo fuertes represalias por parte de los acusados, que detentan mucho poder y contactos en la localidad de Misión de Nueva Pompeya”.

Fuente: Diario Chaco