La normativa también modificaría los criterios de distribución de recursos entre las Universidades, vinculándolos con la cantidad de alumnos y graduados.

“Me parece una medida razonable. Quienes vienen de otros países a estudiar aquí son personas que no han pagado impuestos en nuestra nación durante toda su vida. Sostenemos la educación, la salud, la seguridad y la justicia; es justo que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo”, expresó Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, al ser consultado sobre la decisión.

Desde el oficialismo afirman que el principio de gratuidad en la educación superior está garantizado para los argentinos residentes. Las fuentes del Gobierno destacaron que la Ley Bases autoriza a las áreas de gobierno a arancelar la educación superior únicamente para los estudiantes extranjeros, lo que, según el oficialismo, no afectará a los ciudadanos argentinos ni a los residentes permanentes.