CAUSA YPF: GOBIERNO APELÓ EL FALLO QUE ORDENA TRANSFERIR ACCIONES A FONDOS BUITRES
Argentina pidió revertir la decisión de la jueza Loretta Preska, que ordena el traspaso accionario como parte del juicio por la expropiación de YPF. El fallo contempla una indemnización de más de 16 mil millones de dólares.
El Gobierno nacional presentó una apelación contra el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que ordena la transferencia del 51% de las acciones de YPF en poder del Estado a los fondos litigantes que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. La sentencia también incluye una indemnización por 16.099 millones de dólares, lo que representa una de las condenas más altas sufridas por el país en tribunales internacionales.
La apelación busca frenar la ejecución forzada solicitada por Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen e IEASA (ex Enarsa), y Eton Park Capital Management, quienes pidieron la transferencia de las acciones bajo la figura de «turnover» en forma de acciones Clase D.
Entre los fundamentos de la defensa argentina, se destaca que el caso presenta una «naturaleza excepcional» y que plantea cuestiones legales sin resolver, lo que justifica una revisión por parte de una instancia superior. Los abogados también recordaron que incluso el gobierno de Estados Unidos expresó diferencias con la interpretación del tribunal.
Uno de los principales argumentos del Estado argentino apunta a que la ejecución de la sentencia implicaría un daño irreparable, ya que forzaría a violar la legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF, lo que sería irreversible.
Además, se sostiene que no existe un perjuicio inmediato para los demandantes si se suspende la ejecución, dado que la venta de acciones está restringida por ley y requiere aval legislativo. La defensa advierte que avanzar con el traspaso podría afectar a terceros no involucrados, como provincias productoras de hidrocarburos y bonistas, y activar cláusulas contractuales perjudiciales para YPF.
En el caso Bainbridge, vinculado a la misma causa, los abogados remarcaron que cumplir con la orden judicial violaría la Ley 26.741, que declara de interés público el autoabastecimiento de hidrocarburos y consagra el dominio estatal de esos recursos.
A esto se suma la inexistencia de antecedentes jurídicos que avalen la ejecución de activos estatales en EE.UU. en estas condiciones, lo que, según la Procuración del Tesoro, refuerza las posibilidades de revertir el fallo.
Mientras tanto, el Gobierno trabaja en una apelación formal ante el Segundo Circuito de Nueva York y en un pedido de suspensión preventiva, en caso de que la jueza Preska no haga lugar a los planteos de la defensa.