ANTES DEL FIN DE LAS RETENCIONES, EL AGRO LIQUIDÓ U$S3.706 MILLONES
En un comunicado, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informó que el dato representa un aumento del 21% respecto a mayo y del 87% en relación al mismo mes de 2024.
El agro liquidó lleva liquidados u$s15.419 millones en el primer semestre del año.
Con respecto a la liquidación, el lunes 24 se convirtió en el día con mayor volumen de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) del año.
Cómo quedaron las retenciones al campo
A excepción del trigo y la cebada, a partir del martes 1° de julio volvieron a su nivel los aranceles a la exportación de las siguientes commodities: las retenciones a la soja pasan de 24,5% para harina y aceite y 26% para poroto, hasta 31% y 33%, respectivamente. Por su parte, para maíz el incremento va desde el 9,5% actual hasta el 12% vigente hasta mediados de enero.
El Gobierno rechazó bajar las retenciones en el corto plazo: «Por ahora, no hay margen»
El Gobierno defendió la continuidad de las retenciones a las exportaciones hasta marzo de 2026, una medida cuestionada por gobernadores y entidades agropecuarias y, aunque coincidió en que «son un mal impuesto», argumentó que «por ahora no hay margen» para bajarlas o eliminarlas.
Así lo señaló el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien afirmó que «el Gobierno coincide con que son un mal impuesto» pero descartó una baja en el corto plazo. «Cuando logremos mayor equilibrio fiscal y crecimiento sostenido, habrá espacio para seguir bajando impuestos. Por ahora no hay margen», sostuvo.
En ese sentido, remarcó que «hemos hecho un esfuerzo histórico en reducción del gasto, en personal del Estado, en organismos innecesarios», pero «no podemos desarmar todo de golpe». «Si uno vuelve al camino de la emisión o del impuesto fácil, volvemos al fracaso», aseguró a Radio Rivadavia.
El decreto 439/2025, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial, confirmó la continuidad de las retenciones reducidas para el trigo y la cebada y restableció las alícuotas previas para otros cultivos como la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, a pesar de la presión del sector agropecuario.
A los reclamos de los productores se sumaron los de algunos gobernadores, que paralelamente impulsan una nueva ley de coparticipación. Según Francos, esta es «una propuesta que no podemos aceptar en aras del equilibrio fiscal». «Estamos dispuestos a discutir, pero si no hay acuerdo, el tema se debatirá en el Congreso. No vamos a hipotecar el orden fiscal por presiones políticas», advirtió.
Sin embargo, reconoció que esta reforma «es una deuda desde la Constitución del ’94». «Es uno de los puntos incluidos en el Pacto de Mayo. Hay gobernadores que lo impulsan y otros que no, pero lo vamos a intentar. Hace más de 30 años que nadie pudo resolverlo», recordó.