El ahora extinto Programa Nacional de Inversiones Turísticas estaba destinado a financiar proyectos e inversiones de interés turístico a nivel nacional. Entre los considerandos de la medida, el gobierno justificó el ajuste y aseguró que «las características de la actividad turística exigen que el Estado nacional organice los recursos que vincula a su desarrollo con capacidad para atender rápidamente a los cambios del mercado y a los nuevos entornos y desafíos que se planteen, a la vez que genere las condiciones para el desarrollo de las iniciativas e inversiones del sector privado sin interferencias que alteren las reglas de juego de los actores».

Asimismo, se modificaron los deberes y facultades de la Secretaría de Turismo que ahora se enfocará en la promoción de la inversión en el sector turístico, planificar de manera federal y coordinar la promoción turística tanto dentro del país como en el exterior, entre otras tareas. Por ejemplo, una de las obligaciones que establece el decreto es la de “coordinar, incentivar e impulsar las acciones para la promoción turística de nuestro país tanto a nivel interno como en el exterior”.

En ese camino la Secretaría de Turismo podrá gestionar acuerdos con provincias, municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promover incentivos para la inversión en turismo, y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, entre otras responsabilidades. E invitó «a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas de fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y control en la parte de su competencia, de la actividad turística en todo el territorio de la República Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial”, ordenaron.